Opinión

Las pruebas acorralan a una Narbona que debe dimitir

Las revueltas aguas de Acuamed, la empresa dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, están cercando a la ex ministra socialista, Cristina Narbona. En 2007, con unas elecciones generales en ciernes con José Luís Rodríguez Zapatero como candidato presidencial, la actual presidenta del PSOE ordenó vía email que las empresas concesionarias de la sociedad pública asumieran parte del coste de la campaña de salinización elaborada por la prestigiosa firma Bassat Ogilvy. No obstante, esta manipulación presupuestaria de 7,5 millones de euros perpetrada presuntamente por Narbona no es la primera evidencia que apunta a unas posibles irregularidades financieras dentro de Acuamed, un caso destapado por Arcadio Mateo, el ex director de la sociedad.

Desde hace meses, la Justicia ha puesto el foco en la citada empresa pública porque se investiga una presunta financiación ilícita del PSOE –llamada a convertirse en la Gürtel socialista– liderada por la socialista a través de contratos firmados con las empresas desaladoras tras el fallido ‘Plan Hidrológico Nacional’, un trasvase del Ebro que jamás pasó de ser un caro proyecto sin ejecutar y que afectó a gran parte de las regiones levantinas. La sospecha de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es que un alto porcentaje de los contratos cargados a las cuentas de Acuamed se habrían usado para sufragar gastos de “publicidad y propaganda”, según denunció Mateo ante Manuel García Castellón, el juez instructor de esta causa de corrupción, que nada tenían que ver con la gestión de infraestructuras hidráulicas, la verdadera naturaleza de Acuamed.

Narbona, que ya mintió en la Comisión de Investigación del Senado que rastrea la financiación de las formaciones políticas, ha argumentado que poseía la autorización de la Intervención General de la Administración del Estado; sin embargo, este ente de control del sector público contradijo a la socialista a través de un informe que evidencia que el 95% de los contratos fueron rechazados porque no encajaban con la actividad de Acuamed. El PSOE no puede estar presidido por una dirigente cercada por la sombra de la corrupción, por responsabilidad y por el bien de la transparencia y la credibilidad de su partido, Narbona debería abandonar su cargo.