Los podemitas son como el Rey: inimputables
Francia no es España o, mejor dicho, España no es Francia. Por suerte para el malnacido antisemita y filoetarra de Guillermo Zapata. Jean-Marie Le Pen, el locoide fundador del Frente Nacional, no se fue de rositas hace 29 años cuando soltó esa tan deleznable como increíble teoría de que «las cámaras de gas nazis son un detalle de la historia». Los jueces le metieron un multón que lo dejaron tieso por «trivializar» el Holocausto, el proceso seguido por los nazis tras la Solución Final decretada por Adolf Hitler. Seis millones de judíos perecieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, la inmensa mayoría ahogada por Zyklon B, un pesticida compuesto básicamente por cianuro. El padre de la presidenciable francesa Marine volvió a las andadas en 1997 y los magistrados tampoco se anduvieron con chiquitas. Le sancionaron con 10 millones de pesetas de la época, 60.000 euros al cambio y tres o cuatro veces más hoy día si tenemos en cuenta las casi dos décadas transcurridas. Para un cerdo fascista como él no hay dos sin tres. Su chulería no tiene límites: el Tribunal Correccional de París le cobró otros 35.000 euros en abril por dos barrabasadas cuasidénticas. Repitió que las cámaras de gas «son un detalle de la historia» y remató su maldad añadiendo en la misma declaración que los gitanos que viven en Niza son «olorosos» y que «su presencia» resulta «urticante».
Francia no es una dictadura sino más bien una democracia de altísima calidad y, desde luego, mucha más veterana que la nuestra. A más a más, hay que recordar que ellos fueron quienes sacaron a este mundo de dos millones de años de oscuridad y empezaron a meterlo en la edad de las luces. Le dieron al on con la Revolución Francesa, un proceso que desembocó, no sin contratiempos, en la universalización democrática de la que disfrutamos hoy día en Occidente. No puede colegirse, por tanto, que sea un país en el que las libertades brillan por su ausencia o en el que la separación de poderes no existe. Todo lo contrario: hay pocas naciones tan impecablemente democráticas.
En toda Europa es un delito no sólo el negacionismo (es decir, desmentir la existencia del Holocausto), como la trivialización, humillación o ridiculización de sus 6 millones de víctimas. En Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y países escandinavos. Como no puede ser de otra manera. Lo que se pretende es impedir revivir los peores momentos de nuestra historia. No está de más recordar que el nazismo comenzó así: ridiculizando y menospreciando a los hijos de David. El goebbelsiano objetivo era el mismo que el de otras dictaduras cuando van a hacer una limpieza étnica: se les veja para conseguir que la ciudadanía les considere una raza inferior o unos apestados y luego todos van a por ellos sin el más mínimo miramiento, sin piedad, sin escrúpulos y los linchan física y/o moralmente. La teoría que resulta de tan macabro silogismo es obvia: hay que exterminarlos porque son peores que un animal o un insecto.
«Spain is different», rezaban las campañas turísticas del Reino de España allende nuestras fronteras en los 60 y los 70. No se equivocaban. Y no sólo en el terreno turístico, en el que somos los mejores de Europa cuantitativa y cualitativamente con tres o cuatro cuerpos de distancia sobre ese segundo de la fila que es Italia. Políticamente no es que seamos diferentes, es que resultamos antagónicos. Y judicialmente ejercemos de frontera de Europa y África. Lo apuntó acertadamente la única política que se ha atrevido a criticar la sentencia de la Audiencia Nacional y de las pocas que censuró en su día los repugnantes tuits de un Guillermo Zapata símbolo de la podredumbre moral que nos asuela: Esperanza Aguirre. «Guillermo Zapata estaría políticamente muerto en cualquier otro país europeo», sentenció la ganadora de las últimas elecciones municipales en Madrid sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve al podemita de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. En concreto, a Irene Villa.
No sólo se mofó del dolor de Irene sino también del de las niñas de Alcácer y sus familias. El pajarraco escribió varios tuits que son un monumento a la indignidad. El primero de ellos rezaba: «¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero». El segundo: «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos». El tercero: «Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo». A cual más deleznable. No conozco a nadie que en privado haga chistes semejantes. A nadie. A nadie demócrata. A nadie tolerante. A nadie normal. A nadie que esté en sus cabales. Para empezar porque, al contrario de lo que sostenía Hobbes, el ser humano es bueno por naturaleza, y para terminar porque sería instantáneamente censurado por las personas que lo escuchasen. Sólo alguien que odia a las víctimas del terrorismo o los judíos puede rebuznar algo semejante. Es física y metafísicamente imposible ser peor gente.
Los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado sostienen que las afirmaciones zapatescas «son seguramente reprobables pero en otro plano distinto a la legalidad penal». Llama la atención ese «seguramente» que deja incluso en el terreno de la duda la condena moral de los tuits del concejal con pinta de austrolopitecus. En un ejercicio de supina contradicción in terminis, apostillan que la doctrina del Supremo «exige para la comisión de un delito de humillación que se produzcan actos de desprecio o descrédito». Manda huevos. Si no es desprecio a una víctima del terrorismo que quedó mutilada subrayar que va a por repuestos al cementerio de las niñas de Alcácer, que venga Dios y lo vea. Niñas de Alcácer (Miriam, Toñi y Desiré) que fueron violadas y torturadas antes de ser asesinadas en 1993 por el psicópata Antonio Anglés. Los suavecitos magistrados concluyen que las palabras de Zapata son «humor macabro».
La sentencia que hemos conocido esta semana abunda en el camino emprendido hace año y medio por el juez Pedraz, cuyas afinidades personales y familiares con Podemos son archirrequeteconocidas. Los que han salvado el trasero al concejal y legalizado el salvajismo en Twitter en particular e Internet en general son un magistrado adscrito al sector conservador (Alfonso Guevara), otro al progresista (Antonio Díaz Delgado) y una tercera que no está encasillada en unas denominaciones («conservador» y «progresista») impuestas por la corrección política del grupo que dice en España qué está bien y qué está mal, Prisa. Una catalogación de jueces y magistrados que confirma lo nauseabundamente politizada que está la Justicia por estos pagos.
No voy a criticar la bondadosa respuesta de Irene Villa al tuit de Zapata porque las víctimas del terrorismo son lo mejor de nuestra sociedad. Y ella muy especialmente. ETA le segó una pierna, parte de la otra, varios dedos y la dejó malherida junto a su madre, cuyo delito consistía en ganarse el jornal como funcionaria del Ministerio del Interior. Tenía entonces 12 años. Su gigantesca estatura moral es inversamente proporcional a la de un Guillermo Zapata que pertenece a un partido que elogia a uno de los jefes de los que la intentaron asesinar: el terrorista Arnaldo Otegi.
El fallo con Zapata deja el campo abierto a que cualquier otro malnacido practique el «humor macabro» no sólo con las víctimas del pogromo o el terrorismo de ETA sino también con la violencia doméstica, la pederastia, el racismo, la explotación infantil, los atentados del Estado Islámico o la trata de blancas. La libertad de expresión es un sacrosanto derecho humano. Pero no es infinito. No nos equivoquemos.
Y, entre tanto, reclamo que en el proceso de reforma constitucional se retoque el artículo 56.3, que garantiza la inviolabilidad penal del Rey. «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», mandata este epígrafe de la ley de leyes. Y hay que situarlo en los siguientes términos: «La persona del Rey y la de los diputados, senadores y concejales de Podemos es inviolable». Más que nada, para adecuar el texto constitucional a la realidad. Que éstos tienen bula ya se sabe, que su tikitaka con el PP les garantiza inmunidad e impunidad, también, pero no es de recibo que una costumbre aceptada por jueces y fiscales esté fuera de la norma. La infabilidad e inimputabilidad de Pablemos y cía bien merece un hueco en el Aranzadi. Más que nada, para acabar con tanto cinismo.
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