Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional

El 18 de diciembre de 2019 con este mismo nombre escribía en EL MUNDO: «Es para meditar que el mayor problema de España sea la conducta de una persona que ponga impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado. El señor Sánchez busca una satisfacción personal sin reparar que el daño institucional es evidente, pues va a negociar una reforma del Estado, de contenido y alcance desconocidos, con una minoritaria representación para quebrar el orden constitucional. Y ese es un comportamiento que no es legítimo, ni se puede consentir, de un presidente de Gobierno».

Desde las elecciones de mayo, España se ve sometida a una aceleración de la dinámica de demolición del Estado, tanto funcional como institucionalmente. En líneas generales, el resultado de dichos comicios mostraba un rechazo mayoritario al régimen del socialista de Sánchez. La reacción del presidente se concretó en un golpe de efecto: convocó elecciones en pleno mes de julio, una muestra más de sus dotes de despotismo, facilitadas por una derecha, en su mayoría pusilánime.

España lleva con el gobierno en funciones más de tres meses, pero funciona para todo lo que les interesa a las personas que lo componen. La administración pública, que ya presentaba graves disfunciones, ahora depende de la profesionalidad de los funcionarios por falta de dirección. Correos y Renfe muestran graves disfunciones. Problemas como la inmigración están fuera de control ya que cualquier actuación del Gobierno es reactiva; la acción exterior, huérfana del mínimo criterio gubernamental, es caótica, al tiempo que las medidas económicas son demagógicas y ruinosas. Ante cualquier fallo, en vez de admitirlo, sea lo que sea, se culpa a la oposición. La única actuación gubernamental planificada es la propaganda que incluye la información posterior a los consejos de ministros.

Sánchez se ha dedicado a conseguir los votos que le faltan para ser investido y, obviando que el cargo lo ejerce en funciones, trata con los separatistas no como secretario general de lo que antes se conocía como PSOE, sino como presidente del Gobierno de España. El método elegido es el trueque, los votos a cambio de saltarse sus obligaciones y extralimitándose en sus funciones. A todo esto, hay que añadir que para llegar a actuar con impunidad formal, durante los últimos años ha activado la «lealtad personal» de instituciones imprescindibles para culminar el fraude.

Es absurdo demostrar lo evidente, la frase «hay que hacer de la necesidad virtud» no es solo una forma despótica de reconocer que la conspiración y la consiguiente usurpación de funciones han triunfado, también admite que han mentido continuamente. Se está vulnerando esencial, impune y burdamente la Constitución y ese vacío es llenado por un contrapoder. La investidura de Sánchez es nula de pleno derecho, pero puede ser impuesta formalmente en cualquier momento, por el empleo del fraude de ley, lo que dejaría sin efecto el orden constitucional.

Si los delitos son con publicidad y alevosía, la pregunta es elemental: tienen que existir medios legales para impedirlo. Una denuncia por prevaricación de funcionario público o por conspiración debe ser perseguible, pues si se consolidan las disposiciones legislativas fake, como precio al apoyo parlamentario, se producirá la consolidación de la usurpación de funciones.

No es previsible que tras esta jugada, Sánchez deje el poder por propia voluntad. Él y su equipo se ganan la vida de esa manera. Multitud de personas sin la menor preparación se ponen a cargo de empresas públicas, como Renfe o Correos, o son nombrados ministros. El chavismo es el sustituto del régimen del 78. Si alguien espera que una vez investido Sánchez, se volverán a convocar elecciones democráticamente se llevará a engaño. La investidura es un cambio de régimen al margen del pueblo español.

Hay que meditar si nuestra Constitución dispone de los mecanismos de autodefensa necesarios para disuadir y, en su caso, habilitarlos para imposibilitar desmanes como el que vivimos. No pueden producirse casos como la actual composición del Tribunal Constitucional, que permite conocer el veredicto, según el partido a que pertenezca el recurrente; la discriminatoria ley electoral, el hecho de que sean legales los partidos separatistas, incluso con amplios historiales criminales o que las instituciones estatales trabajen con descaro para el Gobierno.

La entrada en vigor de una presunta Ley de Amnistía significaría, tal como han manifestado varios vocales del CGPJ, la degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés de España.

Al no ser todos los españoles iguales ante la ley, la habilitación de figuras jurídicas que son ajenas a la Constitución, como es la regulación por ley de una amnistía personalizada, solo es posible su aparente vigencia si se conculcan, a sabiendas, las funciones del Parlamento.

Ante esta gravísima situación, todos los españoles que creemos en la democracia, en la defensa de la plena vigencia de la Constitución y en la monarquía parlamentaria estamos obligados a movilizarnos de forma permanente contra este golpe de estado.