Pedro Sánchez, a por el Estado de Derecho

Pedro Sánchez ha decidido que no hay mejor defensa que un ataque y, ante las críticas que le llueven desde todos los sectores, especialmente el judicial por la claudicación que representa la ley de amnistía, apoyará la comisión sobre el espionaje con el programa Pegasus a los líderes separatistas entre 2017 y 2020. La propuesta presentada por ERC, Bildu y BNG es una de las exigencias de los separatistas para que se depuren «responsabilidades» sobre «el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados».

Lo que plantean son «medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado», lo que no deja de ser una ironía. Pedro Sánchez alienta así en el Congreso el control y la fiscalización del trabajo del CNI, así como de jueces o policías, a fin de limitar sus actuaciones bajo el pretexto de proteger «los derechos civiles y políticos». Parece evidente que la propuesta supone una impugnación en toda regla de las instituciones del Estado que plantaron cara al desafío independentista. Se da la circunstancia de que hace sólo unos meses los socialistas rechazaron una iniciativa en este sentido del PNV, pero ahora las cosas han cambiado.

La comisión de investigación sobre Pegasus que se constituirá en el Congreso tendrá por objetivo «depurar responsabilidades» por este caso. Cabe recordar que el Gobierno fulminó a la directora del CNI Paz Esteban tras afirmar que se espió a 18 líderes independentistas, con autorización judicial del Tribunal Supremo.

Actualmente, el caso está judicializado. Sin embargo, los socios de Sánchez pretenden convertir el Congreso en un foro para denunciar el lawfare, la supuesta persecución judicial con la que atacan a los poderes del Estado, y forzar mecanismos de control. La gran diferencia en relación con la anterior legislatura es que ahora Pedro Sánchez se ha comprometido con sus socios a poner en jaque al Estado. Dicho de otro modo: ahora es el Gobierno el principal enemigo del sistema institucional.