Opinión

La pareja de Ayuso reta a María Jesús Montero en el Supremo

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, no aceptará ningún acuerdo y lo rechazará de plano durante el acto de conciliación convocado  por el juzgado en relación con la indemnización que le reclama a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por una intromisión ilegítima al honor y a la intimidad fruto de las declaraciones que ésta realizó el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que pidió explicaciones a Ayuso por estar viviendo «en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública» y que «se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia».

La pareja de la presidenta de la Comunidad está dispuesto a llegar hasta el final, de modo que Alberto González Amador -cumplido el trámite del acto de conciliación que se saldará sin acuerdo- interpondrá de manera formal la demanda contra Montero -que contará con la inestimable ayuda de la Abogacía del Estado, convertida en feudo del Ejecutivo- por intromisión ilegítima en el derecho al honor e intimidad. Dado la condición de aforada de Montero, la demanda acabará en el Tribunal Supremo. Cabe recordar que González Amador se querelló contra dos fiscales de Madrid por estos hechos, pero la causa judicial afecta también al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que asumió  la responsabilidad por la difusión de una nota de prensa en la que se desvelaron datos de la pareja de Ayuso.

Los dos fiscales imputados reconocieron que fue su superior jerárquico quien dio la orden de emitir el comunicado, por lo que podría ser en breve imputado por un delito de revelación de secretos. Parece evidente que el novio de Ayuso, tras reconocer la existencia de un delito fiscal, está dispuesto a hacer valer sus derechos hasta las últimas consecuencias. Porque una cosa es aceptar su culpa y pagar por ello y otra, bien distinta, tener que aceptar las difamaciones e injurias vertidas por el Gobierno con el ánimo expreso de perjudicar a su pareja.