Los palacetes del terror

En los primeros meses de la Guerra Civil se ganó en Madrid una dantesca celebridad la llamada «checa de Bellas Artes» o «de Fomento». Se trató realmente de la checa del Ministerio de Gobernación, departamento que se encontraba entonces en el edificio de la Real Casa de Correos, hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Así lo recordé en el documental que la Comunidad presentó la semana pasada con motivo del cuadragésimo aniversario de la firma del convenio con el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid, regidos por el PSOE, que posibilitó que el también socialista Joaquín Leguina estableciera allí la casa de todos los madrileños.

El documental recorre los 250 años de historia del singular edificio de la Puerta del Sol con los testimonios del propio Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Juan Barranco, José Barrionuevo, Francisco Marín Pellón, Bartolomé González, Fernando Savater y Andrés Trapiello.

Nada se deja en el tintero sobre el pasado de luces y sombras de la Real Casa de Correos. Barranco cuenta sus vivencias personales como detenido en la DGS franquista cuando luchaba en la clandestinidad contra la dictadura. También Savater alude a su condición de preso en la DGS en una intervención rescatada de un acto donde le premió la Comunidad de Madrid.

El alcalde Ruiz-Gallardón recuerda que allí estuvo encarcelado su padre, José María Ruiz-Gallardón, como consecuencia de la primera protesta estudiantil contra el régimen en 1956, que le costó también la cárcel a otro fundador de Alianza Popular, Gabriel Elorriaga Fernández.

También se pone de manifiesto el papel de la DGS franquista en la ominosa colaboración con la Gestapo nazi para la detención de los exiliados republicanos después de la invasión alemana de Francia.

A pesar de todo ello, se ha criticado el documental como un supuesto «blanqueamiento» del edificio ante el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de imponer una sola visión de sus dos siglos y medio de historia, reducida exclusivamente a la represión franquista.

Para evitar tal reduccionismo señalé, precisamente, la fecha del 4 de agosto de 1936, en que desde el Ministerio de Gobernación del Frente Popular se inicia la labor de coordinación de la actividad de las checas creadas en Madrid. Ese día fue creado a iniciativa de Gobernación el Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP) para, sobre el papel, controlar la represión de partidos y sindicatos.

Controlar la represión no significaba aminorar sus criminales efectos, cosa que el CPIP no logró, sino llevar las riendas de ella. Que el CPIP, esto es, la checa de Gobernación, estuviera en Bellas Artes o en Fomento es indiferente: con ella el Gobierno del Frente Popular se puso a la cabeza de la represión en la retaguardia madrileña con una organización a la que se fueron adhiriendo las milicias de círculos socialistas, ateneos libertarios y radios comunistas.
Estas milicias establecieron sus checas en decenas de suntuosos edificios incautados por toda la ciudad, algunos de ellos auténticos palacetes del terror. El balance de la represión frentepopulista en Madrid supera las 12.000 víctimas, según un recuento de posguerra, la mayor parte de ellas asesinadas por las checas.

Los detenidos por los comités eran conducidos a la checa de Gobernación, donde un «tribunal» en turnos de mañana, tarde y noche decidía su suerte: muerte, cárcel o libertad, aunque esta última suponía muchas veces caer en manos de otros verdugos que esperaban su salida. Unas brigadillas se encargaban de conducir en coche a las afueras de la ciudad a los detenidos señalados para morir.

Uno de los miembros de aquel «tribunal», Fernando García Peña, de Izquierda Republicana, defendió su actuación como un intento de poner coto a la violencia descontrolada, admitiendo que su «mayor equivocación fue asesinar a demasiadas personas y fusilar a muy pocas».

Prueba del papel director de Gobernación en la represión fueron también las Milicias de Vigilancia y Retaguardia (MVR), creadas en septiembre de 1936 por el entonces inquilino de la Real Casa de Correos, el socialista Ángel Galarza, ministro de Gobernación.

Las MVR sirvieron para destinar a milicianos de partidos y sindicatos a funciones «policiales» bajo el paraguas de Gobernación. Funciones que seguían siendo en muchos casos las de detención y asesinato extrajudiciales de los considerados desafectos, con el supuesto marchamo de legalidad que concedía obrar bajo la cobertura gubernamental. Además, estas fuerzas de Gobernación tendrían un papel protagonista en las sacas y matanzas de presos derechistas en noviembre y diciembre siguientes.

El papel de Gobernación en la represión en Madrid se reafirma con la orden dada por Muñoz Martínez, «de acuerdo con el Gobierno», para que se detuviera a «toda persona que figurara en los distintos ficheros de organizaciones de derechas, incautados con anterioridad o que se incautaran en lo sucesivo». Estos llamados «Ficheros de Matices Políticos» o «Antecedentes de Detenidos» se hallaban custodiados en otra dependencia de Gobernación: la Oficina de Control de Nóminas, situada en Alcalá 82.

A esta documentación tenían libre acceso las checas que actuaban en la capital para obtener informes de sus víctimas, detenidas y asesinadas por el mero hecho de militar en un partido diferente a los del Frente Popular.

Esta Oficina de Control de Nóminas manejaba en algunos casos solo copias de estos ficheros de formaciones de la derecha en Madrid, pues los ficheros originales de Acción Popular, Partido Radical o Partido Tradicionalista los conservaba la Agrupación Socialista Madrileña en su local de paseo de la Castellana 43, como demuestra la documentación custodiada por el CDMH de Salamanca bajo la signatura DNSD, 19M, Incautaciones Madrid.

Hubo checas que siguieron actuando incontroladamente, pero Gobernación consiguió reforzar la unidad de acción de la mayoría de ellas a través de su checa oficial. La prueba es que la actividad criminal en el Madrid frentepopulista terminaría reduciéndose muy notablemente después de que Santiago Carrillo, consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, disolviera la checa de Fomento a mediados de noviembre. Con ello resulta evidente que el papel de la checa de Gobernación en la represión de los meses anteriores había sido clave.

Cierto es que, durante el resto de noviembre y diciembre de 1936, el número de asesinatos en Madrid siguió siendo elevado, fruto también de la labor represiva de los nuevos consejillos de comisaría constituidos por Carrillo con los antiguos integrantes de Fomento. Coincidió este repunte en parte con las sacas y matanzas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz realizadas bajo la responsabilidad de la junta delegada del gobierno del socialista Largo Caballero en Madrid, con Carrillo y sus colaboradores como principales actuantes.

Nadie en el documental citado cuestiona el recuerdo de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el franquismo en la Real Casa de Correos. Lo que se cuestiona es una visión parcial y sectaria de la Historia mediante la que algunos se sienten legitimados a dictar a los demás lo que tenemos que recordar o no, decidiendo que haya víctimas de primera y de segunda categoría según el uniforme de sus verdugos.

El edificio de la Puerta del Sol ha sido, desde su comienzo como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la expresión de una España decidida a ganar el futuro. Ahora algunos se empeñan en activar, bajo el popular reloj de las uvas, ese mecanismo orwelliano con el que buscan controlar el presente controlando el pasado.