Pablo Iglesias piensa que la Justicia es tonta

Pablo Iglesias debió pensar que la Justicia es tonta cuando, una vez desposeído de su condición de perjudicado tras las investigaciones realizadas sobre el móvil de su ex asesora que le terminaron situando como posible autor de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos, trató burdamente de engañar al magistrado García-Castellón manteniendo a Marta Flor Núñez como abogada de Dina Bousselham.

El juez pidió a Dina que designara una letrada distinta a la que representaba a Pablo Iglesias, pero el vicepresidente segundo del Gobierno maniobró para que la abogada Núñez siguiera representando a su ex asesora, mientras él encargó su asistencia jurídica a Raúl Maíllo. Ahora, García-Castellón ha dictado un nuevo auto en el que insiste en que se sigue produciendo un conflicto de intereses que obliga a Dina Bousselham a sustituir a su abogada.

La respuesta de García-Castellón supone otro revés al secretario general de Podemos, toda vez que el juez entiende -con buen criterio- que difícilmente se pueden tutelar los intereses de Dina Bousselham manteniendo a la misma abogada que en su día tuvo Pablo Iglesias, porque eso la colocaría en una situación de indefensión. Si como asegura la letrada Marta Flor Núñez García su interés es que se esclarezcan los hechos, el juez entiende que la mejor manera de que se esclarezcan es que Dina cambie de abogado y prescinda de sus servicios.

Dado que el «caso Dina» se ha convertido en el «caso Pablo Iglesias», lo que pretendía el secretario general de Podemos es que, una vez desposeído de su condición de perjudicado, pudiera seguir controlando el caso.  Lo que no entiende Pablo Iglesias es que las cosas han cambiado. Y que ha pasado de ser perjudicado a sospechoso de dos delitos -daños informáticos y revelación de secretos-. Eso sin contar un tercer presunto delito: el de fraude procesal. Aquel que comete «quien emplea medios engañosos dirigidos a provocar en el juzgador un error de hecho que haya de originar o pueda originar una resolución errónea y por tanto injusta».