No falta conciencia fiscal; sobra confiscación

Esta semana compareció en la comisión de Hacienda del Congreso el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, para explicar el plan de control tributario que la agencia pondrá en marcha. Es cierto que es indispensable luchar contra el fraude público, de manera que no puede haber nada que objetar a que se traten de mejorar los instrumentos de control.

Ahora bien, lo que deberían preguntarse, tanto Hacienda como el conjunto de administraciones públicas, es por qué se da el fraude. Es cierto que siempre habrá una parte de obligados contribuyentes que tratarán de defraudar al fisco, lo cual está mal, pues las normas, aunque estén equivocadas, hay que cumplirlas. Ahora bien, dicho esto, hay una gran parte de fraude que es directamente incentivado por el sector público debido al volumen cada vez más asfixiante de impuestos al que somete al contribuyente. Ya dijo Benjamin Franklin que no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos.

Como digo, el fraude hay que perseguirlo, pero quizás se pudiese lograr una disminución mayor de dicho fraude fiscal si el Gobierno no impusiese una política en la que ahoga a los ciudadanos con impuestos de todo tipo, bien envuelto siempre en el eslogan falso de que es por nuestro bien.

Los profesores María Blanco, Carlos Rodríguez Braun y Luis Daniel Ávila explican claramente en su libro «Hacienda somos todos, cariño», que recomiendo, el saqueo al que el sector público somete a los contribuyentes en forma de crecientes impuestos, que venden como el ingrediente necesario para unos servicios públicos que el Estado afirma que necesitamos, dentro de esa fatal arrogancia, que diría Hayek, mediante la que considera que las autoridades públicas saben mejor que los ciudadanos lo que estos últimos necesitan y quieren.

Pues bien, hay que recordar que ese modo de propaganda del sector público, para hacernos ver que pagamos poco y que nos dan mucho a cambio, ya lo expuso a principios del siglo XX el profesor Puviani al formular su «Teoría de la ilusión financiera» (o de la ilusión fiscal). Hacienda ha conseguido que cale tan profundamente ese efecto en los contribuyentes que hay muchos que consideran que cuando en junio liquidan el impuesto sobre la renta y la liquidación es negativa o a devolver, Hacienda les está dando algo adicional a su salario, cuando simplemente se trata de que el sector público les ha arrebatado durante meses una cantidad superior a la que deben pagar conforme a la normativa tributaria, ya elevada de por sí. Es más, la propaganda tributaria del Estado ha llegado a tal extremo que los propios ciudadanos asumen que si una persona paga muchos impuestos es “porque ganará mucho”. Error: si una persona paga muchos impuestos no es porque gane ni mucho ni poco, sino porque el Estado le arrebata coercitivamente muchos ingresos de los que genera con el gran esfuerzo que el ciudadano realiza en forma de trabajo. No hay que dar gracias por pagar muchos impuestos, sino ser conscientes de lo mucho que el sector público se apropia de lo obtenido por los contribuyentes con su trabajo.

Del mismo modo, Adam Smith nos recordaba que si bien en los impuestos directos se percibe más claramente la merma que sufrimos por el fisco -aunque anestesiada al no analizar su nómina muchos ciudadanos- en los indirectos la percepción pasa a ser casi nula, al no fijarse en el desglose de lo pagado entre el precio base y el impuesto pagado.

En esa línea de fomento de la ilusión fiscal parece que ha profundizado  Gascón al afirmar el otro día, en referencia a los recientes casos de los ‘youtubers’ que se están mudando de residencia fiscal hacia Andorra, que ningún Estado de la UE podrá aplicar jamás la política tributaria andorrana, porque no podría cubrir un mínimo de gasto como “Seguridad Social y demás”. Es obvio que el director de la Agencia Tributaria incide, así, en la necesidad que nos hace ver que tenemos de un gasto infinito, porque lo que él llama “mínimo gasto” no es más que un gasto crecientemente exponencial, que cada día drena más recursos para que los ciudadanos y empresas puedan decidir qué hacer con su dinero, si consumir, ahorrar o invertir, en definitiva, generar actividad económica y empleo. Para remachar su idea afirma que no podemos compararnos con un “microestado” como el andorrano.

Ignora el director de la Agencia Tributaria que el problema no es el tamaño geográfico del Estado, sino el tamaño elefantiásico del mismo en su intervención en la economía. Toda necesidad la están convirtiendo en una obligación que prestar, de manera que el sector público avanza hacia la insuficiencia de recursos no porque recaude poco, ni mucho menos porque el nivel de impuestos sea bajo -no ya la presión fiscal, sino el esfuerzo fiscal, que es el indicador más acertado para medir el nivel impositivo que sufrimos-, sino porque el nivel del gasto es elevadísimo e insostenible, incrementado en el mundo occidental desde el New Deal y, sobre todo, tras la II Guerra Mundial, con un intervencionismo agobiante y creciente, como bien reflejaron Milton y Rose Friedman en su libro ‘Libertad de elegir’, en su capítulo ‘De la cuna a la tumba’.

A continuación, y al hilo de la antes mencionada fuga fiscal de ‘youtubers’, el director de la Agencia Tributaria considera que en España falta “conciencia fiscal” desde el momento en el que una persona duda sobre qué haría si alcanzase ese nivel de ingresos y pudiese mudarse, y reclama una mayor educación cívico-tributaria. Es decir, que si el contribuyente piensa que el Estado impone un nivel de tributos casi -o sin el casi- confiscatorio, es que no tiene conciencia fiscal, y que para evitar que esos casos sean crecientes, hay que educar a los ciudadanos en el dogma oficial.

Se equivoca el director de la Agencia Tributaria: en España no hay un problema de conciencia fiscal, sino de elevada confiscación del fruto del esfuerzo y trabajo de ciudadanos y empresas, que trabajan de sol a sol y que ven cómo sus ingresos se recortan de manera escandalosa. Esa forma de pensar del director de la Agencia y de una gran parte de administraciones públicas lo único que consigue es hacer perder talento, oportunidades de inversión y contribuyentes, con lo que es sumamente perjudicial para el conjunto de la economía. De tanto querer apropiarse de un trozo de tarta mayor en cada oportunidad, llegará un momento en que no haya ni las migas de la tarta para arrebatar, porque, simplemente, no habrá tarta.

El nivel de los impuestos se acerca, por tanto, a lo confiscatorio en España, especialmente si sumamos todos los impuestos -directos e indirectos- que tenemos que pagar al conjunto de administraciones, que, además, devuelven unos servicios muy mejorables, no con más dinero, sino con más eficiencia. No se trata de que no haya una parte asistencial, que garantice que se ayude a las personas que estén pasando un mal momento, ni que no haya una sanidad universal y una educación obligatoria que provea el sector público, o unos gastos de defensa que garanticen la protección, no, eso por supuesto. De lo que se trata es de que no se pretenda financiar todo lo que no sea ese tipo de gasto esencial, cobrar impuestos por todo y empobrecernos a todos, que es lo que sucederá si persiste esta política cada vez más insoportable en la imposición de tributos desmedidos. Está muy bien que crucen setenta bases de datos para detectar si el cambio de residencia fiscal es real o no, y que si no es real, se sancione, pero lo que no pueden pretender es que si dicho cambio es tanto real como legal, haya que criticarlos porque se escapan de las garras confiscatorias. A lo mejor, si el gasto se limitase, fuese eficiente y se redujesen los impuestos, en lugar de perder contribuyentes por fomentar un efecto expulsión de los mismos por la elevada tributación, lograríamos atraerlos, que es lo que hacen otros, no sólo Andorra, como por ejemplo nuestro vecino Portugal.