El Ministerio de Igualdad, récord mundial de paniaguados
Habrá en 2023 en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero 302 puestos -el triple que en 2021- entre altos cargos, asesores y funcionarios, pero el 43,7% son plazas que no necesita estudios superiores. Sólo 162 de las 302 que trabajan en Igualdad tienen dichos estudios, de modo que no es difícil concluir que Irene Montero desprecia el mérito y la experiencia y se inclina por rodearse de amiguetes, gente sin formación que ha encontrado en el departamento podemita un auténtico chollo. La mamandurria de Igualdad no tiene precedentes: 81 puestos corresponden al «subgrupo C1 y titulados de bachiller o similar»; y 51 al «subgrupo C2 y graduado escolar o similar». No puede decirse que Irene Montero premie la excelencia, sino que ha decidido convertir el ministerio en un pesebre para el mundo podemita.
En concreto, según consta en los Presupuestos de 2023, Irene Montero podrá disponer de 8 altos cargos, 17 asesores, 256 funcionarios y 21 laborales fijos, contando aquí las diferentes estructuras (Ministerio, subsecretaría y servicios generales; la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género). Por otra parte, en el organismo autónomo del Instituto de las Mujeres, que dirige la ex concejal comunista María Antonia Morillas, hay asignados otros 160 puestos, nueve más que los 151 de las cuentas actuales. Además, Montero contará el próximo año con 564 millones para sus políticas «feministas», un incremento del 9,3% con respecto a las cuentas de 2022, en plena crisis económica. El aumento es superior al de ministerios como el de Sanidad (cuyo presupuesto crece un 6,4% y dispondrá de 3.010 millones), Educación (5.976 millones, un 6,6% más que el año pasado), Justicia (2.304 millones, un 2,5% más), Ciencia (un 3,9%) o Universidades (con un 2,6% más).
No hace falta ser un lince para llegar a la conclusión de que el incremento presupuestario del Ministerio de Igualdad es directamente proporcional al incremento de paniguados, que ha alcanzado un nivel nunca visto en la Administración General del Estado.
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