La Manada: Justicia y presión social

El Tribunal Supremo ha revisado la sentencia de La Manada y dictado sentencia. No fue uno, sino cinco casos de violación. Merecían, según el alto tribunal, 75 años de condena y no 15. La sentencia agrada a políticos, periodistas y una amplia mayoría social.

La historia de la humanidad contempla numerosos casos de personas condenadas por “el pueblo” siendo inocentes. Si un violador sin castigo es una aberración, condenar a inocentes por conveniencia política es del mismo nivel de inmoralidad. Esta es una condena contra toda evidencia, declarando probados hechos contrarios a las pruebas obrantes en el sumario. Un violador, pederasta, terrorista, torturador o maltratador (de mujer, menor, anciano, pareja…) es la peor escoria de la especie humana. Pero condenar a inocentes no combate esa escoria y nos denigra como sociedad.

La Policía Foral, bajo órdenes de un Gobierno nacionalista (y el Ayuntamiento, personados como acusación popular) dirige el montaje del caso hacia una violación. “Fue sujetada e introducida a la fuerza en el portal”, dice la declaración ante los forales ampliamente difundida. Ella lo desmiente y dice en el juicio oral que entró voluntariamente (de la mano y besándose con uno de los acusados). El juicio público está construido sobre mentiras como ésta difundidas para eso. No estaba borracha ni tomó burundanga. La Policía Foral “no pudo” limpiar el sonido de la cinta donde el magistrado del voto particular dice que se oye consentimiento expreso y gemidos de placer.

Pregunta el magistrado discrepante/decente Ricardo González a la Policía Foral si han visto el vídeo donde la mujer masturba a uno de los acusados y responde que sí, que posiblemente se sujetaba para no caerse y no se reflejó en el informe (supuestamente) “pericial”. Describe el magistrado la iniciativa de la mujer en otra práctica sexual grabada, prueba que es ignorada. El hecho determinante de este caso es que los cinco acusados son sevillanos y entre ellos había un guardia civil y un militar. Si hubiesen sido navarros o  vascos, la Policía Foral habría cumplido con su deber profesional, cosa que no hizo. Al margen de valoraciones sobre la catadura moral de los acusados, con especial mención al guardia civil, este caso de violación existe por decisión política, presión de medios de comunicación y de movimientos sectarios.

Hechos con pruebas. Cinco hombres acuden a San Fermín. Entablan conversación con una mujer que acepta/propone una relación con ellos. Buscan el baño de un pub, pero había mucha gente. Después buscan hotel, dispuestos a dejar sus DNIs (Si les alquilan la habitación, ¿violación previa identificación?). Tras practicar sexo los “violadores” difunden lo grabado a grupos de amigos, salen del portal y se quedan en la calle tratando de “ligar” con otras mujeres. Ella sale del portal y su única preocupación es el robo del móvil, aunque había personas y policías cerca. Que fuese un habitáculo estrecho y 5 hombres “contra” una mujer ha sido resaltado en la sentencia. Que ella reconozca no haber tenido dolor ni existan lesiones tras varias penetraciones “forzadas”, anales y vaginales en 15 minutos no merece valoración técnico/jurídica en la sentencia.

El voto particular del magistrado dice que ella decidió participar en una práctica sexual con cinco hombres. Nunca dijo no, siempre dijo sí y llevó la iniciativa. Si el guardia civil (mala persona, no violador) no le roba el móvil no habría denuncia y la Policía Foral del Gobierno nacionalista no habría podido construir el caso. La jauría política y social ha ganado. Cinco inocentes condenados a 15 años de cárcel por un delito de violación que no cometieron.