Lo de Madrid no tiene nada que ver con lo de Valencia o Baleares

Fue la Comunidad de Madrid la que solicitó que la menor prostituida se derivase a un centro cerrado para protegerla. Una petición lógica si tenemos en cuenta que el pasado 27 de octubre de 2021 un juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla recibía la denuncia de instancias policiales, que advertía de la situación de vulnerabilidad de esta menor tutelada. Pero el juzgado emitió un auto en el que concluía que «de conformidad con el Ministerio Fiscal no procede adoptar por este Juzgado ninguna medida».

Parece evidente que la Policía Nacional ha hecho su trabajo: recabó información desde el principio del año 2021, interrogó a educadores, trabajadores sociales, tutores y a la madre de la menor prostituida y en situación de desamparo. Y dio traslado, en tiempo y forma, al juez encargado en primera instancia, advirtiendo de lo que ocurría con la menor de edad.

Por su parte, la Comunidad de Madrid solicitó la privación de la salida del centro de la menor y presentó 84 denuncias por desapariciones de niñas que han resultado implicadas en el caso de una red de explotación sexual. Todos los intentos de intentar sacar rentabilidad política del caso -denunciando una supuesta inacción del Gobierno regional- merecen reproche, porque estamos ante un asunto que, bajo ningún concepto, puede convertirse en arma arrojadiza para una batalla política. Los hechos están ahí: son de una gravedad evidente, pero utilizarlos como munición política contra el Ejecutivo de Díaz Ayuso es de una enorme irresponsabilidad, porque lo urgente es investigar lo ocurrido y detectar si se produjo algún error.

Estamos hablando de menores, lo que debería llevar a no convertir el asunto en una batalla política. Y es que lo de Madrid no se parece en nada a lo ocurrido en Valencia o Baleares, porque en esos territorios quedó de manifiesto que ambas administraciones socialcomunistas se lavaron literalmente las manos, y además, trataron de escurrir el bulto con un alud de mentiras.