Opinión

La Justicia tumba la pretensión del Gobierno de convertir Ferraz en un coto privado

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, prohibió que una marcha de Falange pasara este viernes por la calle Ferraz de Madrid, donde el PSOE tiene su sede, con el peregrino argumento de que allí «se encuentra la sede del Partido Socialista Obrero Español, espacio que es, en los momentos actuales, un área de especial protección en garantía de la seguridad pública». O sea, que el mandado de Pedro Sánchez se pasó por el arco del triunfo el derecho de manifestación bajo la excusa de que esa calle era del PSOE, una suerte de coto privado. Su respuesta a los organizadores fue literalmente la siguiente: «La manifestación se iniciará en la confluencia de la Calle de Ferraz con la Calle del Marqués de Urquijo, sin invadir en ningún caso la calzada de la Calle de Ferraz y continuará por los carriles del sentido de la marcha de la Calle del Marqués de Urquijo (en dirección a la Calle Princesa) y por la calzada de la Calle Juan Álvarez de Mendizábal. Y finalizará a la altura del número 70 de la Calle Juan Álvarez de Mendizábal, situándose los asistentes de forma que no se obstaculice el acceso a los edificios ni el funcionamiento de los establecimientos públicos ubicados en la zona».

Pues bien, el Tribunal de Justicia de Madrid le ha metido un bofetón de órdago al considerar que dicha prohibición se basa en meras «sospechas» para prohibir el derecho fundamental de reunión amparado en la Constitución. De este modo, los organizadores, tras el visto bueno de la justicia, han asegurado que «la manifestación se realizará por la calzada de dichas calles, teniendo previsto su inicio a las 20:00 horas del día indicado y finalizando aproximadamente a las 22.00 horas». Hasta la propia Fiscalía ha considerado que «la sede del PSOE es un área de especial protección, pero ni se justifica que eso sea así ni se motiva en qué medida la reunión podría alterar el orden de la misma con el peligro exigido». O sea, el varapalo al Gobierno es de los que hacen época.

Más allá del pronunciamiento de la justicia lo que resulta insólito es que un delegado del Gobierno se permita la osadía de prohibir una manifestación argumentando, poco más o menos, que la calle donde tiene su sede el PSOE es suya. O sea, el ya clásico latiguillo populista del exprópiese.