Es justicia y dignidad, no venganza ni revancha

No, señor Sánchez. No querer este indulto en estas condiciones, no es ni venganza, ni revancha.

La necesidad de satisfacer a ERC para poder mantenerse en el Gobierno ha llevado a Sánchez, no ya a desdecirse de todos los compromisos habidos y por haber asumidos con anterioridad -convirtiendo el valor de su palabra en un cheque sin fondos-, sino incluso a atreverse a afirmar que los que se oponen a sus deseos de indultar a los secesionistas catalanes, lo hacen llevados por un mezquino afán de venganza o revancha.

En otros tiempos, se acusaba de antiespañol al que se oponía a determinadas decisiones u opiniones meramente políticas, identificando como «patriotas» a los propios y como «traidores» a los contrarios, en una ilegítima apropiación de la Patria y la verdad. Pero hasta ahora no se había llegado a tanto, al menos en democracia, donde la libertad y el pluralismo político son compatibles con un patriotismo constitucional compartido. Con Pedro Sánchez e Iván Redondo en la Moncloa, gobernar España parece haberse convertido en una serie de Netflix en la que el único valor posible en juego es la permanencia en el poder.

Sin perjuicio de que no parece que una mayoría de españoles tan rotunda como transversal en términos políticos -desde la derecha a la izquierda- se haya convertido en mezquinos seres ávidos de venganza y revancha, lo cierto es que esa misma mayoría seguramente estaría dispuesta a aceptar una medida de gracia, si ese fuera el precio a pagar para conseguir el reencuentro con Cataluña y entre las dos mitades de sí misma en que se halla dividida social y políticamente en la actualidad.

La cuestión se remite, pues, a definir dónde fijar ese lugar para ese nuevo «abrazo de Vergara», como el que puso fin a la primera guerra Carlista tras seis años de contienda civil; y debe quedar claro que no puede ser otro que la Constitución y el Estatut. Lo que en ningún caso puede aceptarse es que se vuelva a repetir un nuevo proceso con el bochornoso espectáculo llevado a cabo en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017, aprobando unas leyes de «desconexión» no sólo de todo el ordenamiento constitucional y estatutario, sino además de cualquier atisbo de sentido común y de responsabilidad.

Con sólido fundamento histórico, se recuerda a estos efectos la experiencia vivida durante la Segunda República con el golpe de Estado del presidente Companys desde el balcón del Palacio de la Generalitat el 6 de octubre de 1934, en conjunción con el golpe revolucionario de Asturias promovido por el PSOE y la UGT, desencadenante de la posterior Guerra Civil. Condenados sus responsables a treinta años de reclusión por el Tribunal de Garantías de la República, fueron amnistiados unos meses después por el Frente Popular.

No estamos en aquellos tiempos, pero los actuales gobernantes de Cataluña y España parecen querer repetir la Historia. Sánchez e I.R. se muestran decididos a pagar el coste político de convertir una medida de gracia necesaria para sus intereses políticos, en una quimérica decisión de Estado para la «pacificación catalana». Cuando, en realidad, quien paga es España.

Por ello, conviene no equivocarse más: afirmar que las opiniones y las palabras no tienen consecuencias, es tanto como considerar que Companys no hizo sino ejercer su derecho a la libertad de expresión en aquella jornada trágica de nuestra Historia contemporánea. La mentira, la injuria y la calumnia son conductas contempladas en el Código Penal por causar un grave daño al honor debido a las personas y a la convivencia. Como lo es también ofender impune, reiterada y gravemente los sentimientos de millones de compatriotas, con misivas tan mezquinas como la que la vicaria al frente del Parlament se ha permitido dirigir al General del «Ejército español» -como si hubiera otro- para declinar la invitación a asistir a la ceremonia castrense del Día de las Fuerzas Armadas en el Cuartel del Bruch en Barcelona, cursada en su condición de una primera autoridad de Cataluña.

Laura Borrás es una cualificada representante de ese espacio político del que Sánchez mendiga su apoyo para poder sobrevivir él. De concordia -por desgracia- nada de nada.