La Justicia aprieta a Ximo Puig

El Juzgado ha aceptado las diligencias contra las empresas del hermano de Ximo Puig solicitadas por la Fiscalía, lo que complica el horizonte penal del presidente valenciano . Las diligencias practicadas por Anticorrupción se basaban en conceder plena verosimilitud a las acusaciones del PP de falsedad en los documentos oficiales entregados por la Administración regional en la investigación de las subvenciones concedidas a las empresas del hermano del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. Cabe recordar que la Fiscalía reclamó al Gobierno de Ximo Puig toda toda la documentación existente sobre los gastos subvencionados por el Consell a las empresas de sus hermanos.
La Fiscalía había pedido al juzgado nuevas diligencias por considerar que no dispone de toda la documentación pertinente y en poder de las Administraciones Públicas, debido a que la colaboración de la Generalitat valenciana había sido claramente insuficiente. Ahora el Juzgado acepta esas diligencias. Esto es, asume que no ha habido muchas ganas de colaborar  por parte de la Generalidad valenciana y que tendrá que ser la Policía Judicial quien tenga que a acceder a todos los documentos sobre las subvenciones que se encuentran en cualquier archivo o registro público (Consejería valenciana de Educación, Presidencia de la Generalitat Valenciana, Gobierno de Aragón y Generalitat de Cataluña).
Hay que recordar que el importe total concedido a las empresas del hermano de Ximo Puig puede superar con creces el millón de euros. Entre contratos menores, facturas, y subvenciones para contrataciones y transferencias, los hermanos de Ximo Puig han recibido casi 250.000 euros (249.261,04) sólo de la Generalitat Valenciana comandada por Puig y hasta comienzos del presente año.

El cómputo global apunta a que los hermanos de Puig han recibido contratos o ayudas de hasta cuatro consejerías, es decir, del 40% de las consejerías valencianas, que han contratado con las empresas de la familia de Puig desde que Ximo Puig es presidente: Educación, Presidencia (a través de Turismo), Infraestructuras (a través Vaersa) y Economía (mediante el Servef). Una cifra que se suma a las facturas realizadas al canal de la televisión pública À Punt. Parece que la Justicia ha puesto la directa. La estrategia de Ximo Puig de ganar tiempo no ha dado resultados.