Opinión

Junts siente en el cogote el aliento de Aliança

  • Xavier Rius
  • Director de Rius TV en YouTube. Trabajó antes en La Vanguardia y en El Mundo. Director de e-notícies durante 23 años.

Quizá esto de Junts dura menos de lo que pensábamos. Al fin y al cabo, ya circula por internet una imagen de Puigdemont con todas las siglas bajo las cuales, en su día, hizo campaña. CiU, CDC, Democràcia i Llibertat —la lista para las elecciones generales de noviembre del 2015—, Junts pel Sí, Partit Demòcrata y finalmente Junts per Catalunya.

Aún se dejaron la Crida Nacional per la República, la Crida para abreviar, el partido fundado en enero de 2019. Una OPA hostil al PDECAT que, al final, fue innecesaria porque surgió Junts. Nunca llegó a presentarse a unas elecciones.
A lo mejor tampoco es el principio del fin, pero sí aquello que dijo Churchill tras la batalla del Alamein (1942): «Esto no es el final. No es siquiera el principio del final. Es acaso, el final del principio».

Entre otras razones, porque alcaldes de Junts han pedido un cambio de rumbo. Sienten el aliento en el cogote de Aliança, el partido de la alcaldesa de Ripoll que, como ya dijimos en el artículo anterior, va disparada en todas las encuestas.

Hay un detalle importante: las elecciones municipales van antes que las autonómicas. En efecto, las últimas fueron en el 2023. O sea, que tocan en el 2027. Mientras que las del Parlament fueron un año después: en el 2024. Sí, Illa no tiene que avanzarlas.

Y, por lo tanto, pueden ser los primeros en sufrir el batacazo. No es lo mismo presentarse con un partido en franco declive que en una formación en auge. Aunque, en las locales, se vote más a las personas que a las siglas.
De hecho, Aliança Catalana ha empezado a pescar en los alrededores. El ex portavoz de ERC en Amer, el pueblo de Puigdemont, se ha ido a Aliança. Como el ex alcaldable republicano en Olot, Jordi Coma, hombre de confianza de Sílvia Orriols.

Ramon Abad fue alcalde igualmente de Esquerra en Alpicat (Lleida) antes de ser diputado autonómico. Tuvo que dejarlo por problemas de salud de los que se ha recuperado. Mientras que Marina Quintana fue concejal de Junts en Roda de Ter, el municipio del poeta Miquel Martí Pol (1929-2003), el preferido en su día del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. Por citar algunos.

Jordi Turull, virtual líder del partido en ausencia física de Puigdemont, ha tenido que apagar el incendio con una reunión en Manresa, uno de los municipios en los que Aliança Catalana puede dar la campanada.

Ahora, en teoría, es un feudo de ERC. El alcalde es el republicano Marc Aloy gracias a un tripartito de Esquerra, PSC y una lista local. Pero sigo al alcaldable de Junts en el municipio, Ramon Bacardit, en X, y por sus tuits podría ser de Aliança. No en vano la localidad tiene más de un 20% de inmigración. En septiembre del 2023, ya saltó a la fama por una batalla multicultural en pleno paseo.

El problema es que muchos municipios catalanes han superado con creces el 20 o 25% de inmigración. Que siempre es más porque los sin papeles no salen en las estadísticas oficiales y los nacionalizados dejan de salir. Además, es la media. En realidad, en algunos barrios el porcentaje es mucho mayor.
No me refiero solo a los más conocidos como Salt (37%) o Vic (30%), sino también a Olot (26%), Figueres (28%) o Palafrugell (24%), la patria chica de Josep Pla. La calle donde nació el escritor ampurdanés ha quedado en el barrio magrebí de la localidad.

El problema es que Junts no tiene credibilidad en materia de inmigración. En el 2021 se hicieron una foto delante del CIE de la Zona Franca para pedir su cierre. Como si fueran de la CUP. Estaba la presidenta del partido -y del Parlament-, Laura Borràs; las consejeras o ex consejeras Elsa Artadi y Neus Munté; los diputados Aurora Madaula, Jaume Alonso-Cuevillas, Josep Rius, Francesc de Dalmases.

Por otra parte, los alcaldes callaron durante el proceso. Entonces se trataba de atraer el colectivo inmigrante a la causa. Si ahora alzan la voz porque ven peligrar la alcaldía. O necesitarán los votos de la alcaldesa de Ripoll para conservarla.

Podríamos entrar en el debate de si el proceso empezó con el nuevo Estatut (2005), la sentencia del Constitucional (2010) o el giro soberanista de Mas (2012). La realidad es, no obstante, que entonces nadie dijo nada. A pesar de que los ediles, en contacto con el territorio, veían de primera mano que la población extranjera iba aumentando. La mayoría tenían cargo en el partido o en el Parlament: eran diputados o miembros de la dirección. Quizá eso contribuyó al silencio.

Un caso paradigmático es el de Martorell (Barcelona). Con, en teoría, un 16,5% de inmigración. Lo conozco bien porque vivo aquí desde el 2004. He visto, de primera mano, el boom migratorio. Es un feudo convergente en el Baix Llobregat, que no deja de ser curioso porque es una comarca mayoritariamente socialista.

Sin embargo, ni el anterior alcalde, Salvador Esteve —que gobernó un montón de años desde finales de los 80, incluso con mayorías absolutas—, ni su sucesor, Xavier Fonollosa, lanzaron señales de alarma.

Este último ha optado ahora por endurecer los requisitos para empadronarse —como Ripoll y otros consistorios—, pero puede tener problemas legales, incluso judiciales, porque la ley obliga. No deja de ser una medida tardía.
Además, en las últimas elecciones sacó más de un 60% de los votos. El mejor resultado de toda Cataluña.

Probablemente, porque el voto magrebí se decantó por él después de que hubiera facilitado la apertura de una nueva mezquita. De hecho, ERC eligió un candidato magrebí y bajó de dos concejales a uno.

En todo caso, si se quejan ahora, los alcaldes de Junts reaccionan tarde. La inmigración ha irrumpido en la agenda política y mediática en Cataluña y amenaza con provocar un movimiento sísmico en las próximas elecciones. Eso sí que será un tsunami. No lo que decía Jordi Cuixart. Ricamente instalado, por cierto, en Suiza.