Inhabilitar a Batet

El voto del diputado del PP, Alberto Casero, a la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz y Antonio Garamendi, fue contrario al de su partido y decisivo para que saliera aprobada sólo por ese voto. Él dice que la aplicación informática se equivocó, pero esto va a ser muy difícil de acreditar e irrelevante para el fondo de la cuestión porque, inmediatamente después de emitirlo y antes de que se llevara a cabo la votación presencial, Casero, pese a estar enfermo, se personó en el Congreso de los Diputados y manifestó su intención de anular su voto telemático y volver a votar presencialmente, a lo cual tiene derecho conforme al Reglamento del Congreso, las resoluciones de la Mesa de dicha Cámara e incluso el Tribunal Constitucional. Pero Meritxel Batet decidió impedirle ejercer ese derecho, incurriendo presuntamente en el delito de prevaricación previsto en nuestro Código Penal.

Dice el artículo 404 del Código Penal que: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.” Una resolución arbitraria es aquella que es contraria a la justicia, la razón y las leyes y, según la jurisprudencia, para ser delito y no falta, ha de ser dictada “a sabiendas de su ilicitud”, o sea, con intención deliberada y plena conciencia de su ilegalidad. Que la decisión de Batet fue ilícita es evidente, ya que va en contra de lo previsto en la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de mayo de 2012, para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, que en su apartado sexto dice: “El diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido”.

Es decir, que la ley obliga a que sea la Mesa del Congreso la que decida si se dan o no las circunstancias previstas en el Reglamento para que un diputado anule su voto telemático y vuelva a votar de modo presencial. Y está claro que Meritxel Batet conoce esta resolución, ya que todos pudimos escucharla decir, ante la reclamación de la portavoz del PP en la Cámara, Cuca Gamarra, que “la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear y es una cuestión técnica de la Mesa, de decisión de la Mesa y no de tratamiento de Pleno” y se negó a darle la palabra. Pero esto es mentira, la Mesa del Congreso no se había reunido para analizar la solicitud del diputado del PP que quería corregir su voto, Batet sabía que no se había reunido, porque ella la preside, y conocía que es a la Mesa a quien le correspondía esta decisión, porque así se lo dijo a la portavoz del PP. Pero su partido, el PSOE y, sobre todo, su líder, Pedro Sánchez, necesitaban ese voto que ella ya sabía que cambiaría el resultado de la votación y Batet decidió aprovecharse del error y no permitir corregirlo.

Luego se dan todos los requisitos que exige el Código Penal para el delito de prevaricación administrativa, penado con inhabilitación para cargo público. Sería absurdo pretender por este motivo derogar esta contrarreforma laboral, porque la oposición no cuenta con suficientes votos para ello, una vez que Ciudadanos ha decidido regalar su apoyo al PSOE. Para sacarla adelante en una nueva votación sería suficiente con que Podemos ocupe el escaño que tienen vacío desde la inhabilitación del pateapolicías Alberto Rodríguez. Y es seguro que ni ERC ni Bildu consentirían que se volviera a repetir un resultado como el de la semana pasada y que, para evitarlo, prestarían al Gobierno los votos que fueran necesarios para que PP y VOX no se salieran con la suya. Esa es ya una batalla perdida. En lo que está tardando el PP es en acudir a la vía penal, una vez agotada la vía parlamentaria, para que Meritxel Batet sea inhabilitada por este pucherazo que vulneró el derecho fundamental de un diputado del Congreso.