Los impuestos y el PSOE más horrible

Conozco a Miguel Sebastián desde hace más de dos décadas y aunque hace tiempo que no lo veo le tengo un aprecio enorme. Formó parte del Consejo Editorial de Expansión y de Actualidad Económica cuando yo era su vicepresidente. Siempre me sorprendió su formación académica, su prurito intelectual, su amor por la discusión y el debate abierto y su inclinación a epatar a la audiencia, que es propia de aquellos que están por encima de la media y que no pueden resistir la tentación de explotar su deliciosa superioridad.

En mi modesta opinión, Sebastián solo tiene un pecado capital que yo conozca, y no es menor: es un socialista irredento. Profundo defensor de la competencia y del libre mercado todavía cree a pies juntillas en aquella estúpida frase que inventó en su día Indalecio Prieto. «Soy socialista a fuer de liberal», dijo el ínclito sin detenerse a pensar que ambos términos son incompatibles: el socialismo es la antítesis del liberalismo. Aquel es genuinamente estatista, impositor, autocrático, mientras el liberal adora la espontaneidad humana, virtud genuina de su propia naturaleza, y de la que nace invariablemente la capacidad para crear riqueza. De manera que el liberal es el que impulsa la riqueza y la prosperidad que los socialistas se encargan ineluctablemente de destruir en cuanto tienen la oportunidad de llegar al gobierno.

El caso es que Sebastián llegó en su momento al gobierno de la nación fichado por Zapatero, en un principio a cargo de la Oficina Presupuestaria de La Moncloa, que era un lugar muy relevante. Y desde allí, dominado por su impulso indómito, nada acomodaticio, y presidido por su afán de mayor justicia social promovió con ahínco y logró convencer al presidente de una medida aparentemente opuesta a los postulados del socialismo tradicional: eliminar el impuesto sobre el Patrimonio.

Logró persuadir al inefable Zapatero, sí, el mismo que asesora y cobra del dictador Maduro y de todos los tiranos sudamericanos, de que ningún rico de verdad paga tal impuesto, porque tienen protegido su capital en sociedades; de que dicho gravamen castiga en el fondo a las clases medias y que, además de su escaso potencial recaudatorio, solo ocasiona distorsiones económicas: redirige a los inversores domésticos a destinos menos hostiles y es un claro obstáculo para la llegada de capitales del exterior, que son los que a medio plazo elevan la productividad del país, fomentan la innovación y mejoran la competitividad internacional de las naciones.

A una persona como Sebastián, que es un azogue, un amante de la disputa académica y una persona llamada por la naturaleza a hacer apostolado de sus convicciones, la histeria colectiva en la que se ha precipitado su PSOE del alma y el Gobierno con el presidente Sánchez a la cabeza por la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el Impuesto de Patrimonio le provoca lo más parecido a un herpes. Y ya no digamos esta decisión de última hora de introducir improvisadamente un impuesto sobre las grandes fortunas que, como bien se ha explicado en OKDIARIO, tuvo que ser eliminado por Macron en Francia ante la fuga de los principales patrimonios del país.

Nunca una decisión de la Junta de Andalucía, al margen del desfalco abominable de los EREs durante la desastrosa época socialista, había sido tan crucial como para determinar las decisiones políticas de un estado. Esta reacción visceral y descontrolada sólo demuestra el nerviosismo insuperable de Sánchez ante los prominentes avances de Feijóo en las encuestas y solo augura medidas futuras cada vez más desquiciadas para hundir la navaja en ese debate estéril y completamente anacrónico entre los ricos y los pobres; en ese regreso delirante a la vieja lucha de clases que ha sido definitivamente superada por la opinión pública. Como bien ha dicho Sebastián en OKDIARIO, la mayoría de la gente cree que este impuesto es injusto, y nadie va a ser capaz de convencerla de lo contrario. Punto.

Esta clase de consideraciones tan racionales deberían ser, en efecto, un punto y final en la carrera desenfrenada por elevar el castigo fiscal de los españoles, que son los terceros que más impuestos pagan en Europa en relación con su renta per cápita. Pero qué va.

El Gobierno ha sacado a pasear a toda su artillería mediática, a las televisiones adictas -que son las que más audiencia tienen- y al buque insignia Prisa para denunciar el atropello de insolidaridad, malas prácticas e irresponsabilidad fiscal de la derecha. Han desempolvado los argumentos rancios y absurdos de siempre. Comenzando por Madrid , ese espejo cóncavo que no soporta Sánchez cuando se pone los pantalones pitillo y se atusa el pelo por la mañana dejando resaltar el mechón blanco que asoma al final de su flequillo.

Aseguran que si Madrid, cuyos pasos están siguiendo el resto de las comunidades del PP, tiene éxito es por el efecto de la capitalidad. O por el éxodo empresarial propiciado por la inestabilidad política de Cataluña y, agárrense, porque «el deterioro de los bienes y de los servicios públicos -en el que creen estos imbéciles- solo es perceptible a largo plazo. «Nadie saldrá beneficiado de una guerra fiscal entre comunidades», dicen; «todas perderán porque tendrán problemas para financiar los servicios públicos».

Si no fuera porque todavía conservo un cierto aire de bondad producto de mi educación en colegios y universidad religiosos, diría que esta gente que profiere tal retahíla de frivolidades está completamente drogada. Ser capital de un estado no garantiza mayores niveles de renta per cápita, como demuestran los casos de Nueva York o Los Ángeles en Estados Unidos, o Colonia y Hamburgo en Alemania.

Madrid es capital del Reino y de la corte desde 1561. Pero su salto cuantitativo y cualitativo es muy reciente. En los años 80 del siglo pasado, la economía de Cataluña suponía el 19% del PIB y Madrid un 14%. Ahora, Cataluña sigue estancada en esa cifra pero Madrid representa un 19,3% del PIB nacional. Y déjenme que haga una aclaración esencial destinada a la cuadrilla de cotorras que repiten el argumentario de La Moncloa: durante los doce primeros años de existencia de Madrid como comunidad autónoma, en los que estuvo gobernada por el Partido Socialista, en la mitad de ellos se creció por debajo de la media nacional y en todos ellos por debajo de Cataluña.

La conclusión es obvia: Madrid es la comunidad más pujante y próspera no porque en ella resida la capital del Estado, ni porque acoja las sedes de las principales empresas -cuyos impuestos van a parar a las arcas del Estado- ni siquiera porque hayan recibido la migración de grandes contribuyentes, que no se sostiene con los datos, sino por razones más elementales. La primera es que el socialismo y sus recetas empobrecen allí donde se practican, como acredita la evidencia empírica. La segunda es que el socialismo detesta la competencia, que es el único instrumento inventado por la naturaleza para despertar lo mejor del alma humana.

La tercera es que con menores impuestos la actividad económica progresa aceleradamente y se obtienen más ingresos, como refleja que la presión fiscal en Madrid sea la más alta de la nación porque su PIB -que es como se mide esta relación- es muy superior, o que cuando se bajan los impuestos mayor es la aportación porcentual de los ricos a los ingresos totales y también más elevada la contribución de la autonomía al fondo de solidaridad del conjunto de las regiones.

Hay, finalmente, un profundo sesgo antidemocrático en los intentos desnortados del Gobierno de Sánchez por combatir la rebaja de los impuestos que practica la derecha o la supresión o minoración del Impuesto de Patrimonio. Quienes así lo han decidido han usado simplemente sus atribuciones constitucionales. Serán los ciudadanos los que, a través de su voto, valoren en última instancia cuáles son sus preferencias y con qué políticas se sienten más identificados. Y no dude la izquierda casposa de que lo harán atendiendo a la calidad de los servicios y las prestaciones públicas que reciben, que en Madrid es extraordinaria y así será también en Andalucía, en Galicia, en Castilla y León o en Murcia si perseveran en reducir el esfuerzo fiscal de sus habitantes para promover un mayor crecimiento económico, una búsqueda más cabal de la felicidad y un entorno presidido por la libertad. ¿No pensamos en el fondo lo mismo, querido Miguel Sebastián?