Los granjeros sudafricanos, perseguidos y desarmados

La información (por no llamarla propaganda) internacional en España se limita desde hace varios meses a sólo dos asuntos: Trump y Gaza. En ocasiones, aparecen unas elecciones europeas donde asoma el ogro de la ultra-mega-turbo derecha, unas bombas en Ucrania o un acuchillador musulmán.

Por ello, no sorprende que haya genocidios que los periodistas, sobre todo los más solidarios y ecosostenibles, estén ocultando a sus menguantes audiencias: el cometido contra los cristianos africanos y árabes, desde Nigeria a Siria; el de los armenios, expulsados de la región de Nagorno Karabaj por los azeríes sin que la ONU ni la UE se hayan conmovido; el de la población del Congo en torno a los Grandes Lagos; y el de los granjeros blancos de Sudáfrica.

Cuando en 1994 concluyó el régimen del apartheid y los blancos cedieron el poder a la mayoría negra, el país ha caído en la decadencia. La tasa de paro ronda un 30%, aunque la exportación de minerales (platino manganeso, cromo, titanio, diamantes…) mantiene los ingresos públicos y atrae inmigrantes de los países vecinos. Otro factor de decadencia es la inseguridad. Sudáfrica es el quinto país del mundo con mayor índice de delincuencia, sólo superado por Venezuela, Haití, Papúa Nueva Guinea y Afganistán. El Cabo y Durban son las dos ciudades africanas con mayor tasa de homicidios.

Los líderes del partido de izquierdas Congreso Nacional Africano, que ha gobernado ininterrumpidamente estos treinta años, tratan de hacerse perdonar su corrupción y su incompetencia repartiendo subsidios y señalando supuestos culpables. Si hay miseria y paro, no es por la delincuencia, ni la falta de educación, ni la destrucción de las infraestructuras, ni la difusión del Sida, sino por los blancos. Y dentro de los blancos, el grupo más despreciado y amenazado por este racismo institucional es el formado por los granjeros blancos, quienes, a fin de cuentas, alimentan a los demás sudafricanos.

Los granjeros blancos asesinados desde 1994 rondan los 4.000. La mayoría de los asesinatos se acompañan de torturas a los hombres y violaciones a las mujeres por parte de las bandas. En consecuencia, el número ha disminuido de casi 60.000 a menos de 30.000, mientras que la población del país ha aumentado de 40 millones a más de 60 millones debido a la inmigración. Y una granja suele necesitar unos diez años de trabajo para convertirla en productiva.

El único gobernante occidental que se preocupa de la discriminación y el martirio de esta comunidad es Donald Trump, quien ha suspendido toda ayuda a Sudáfrica por la ley que permite al Gobierno la confiscación de tierras propiedad de los blancos y ha ofrecido a los granjeros que lo soliciten la nacionalidad de Estados Unidos. Estas medidas responden a peticiones de su consejero íntimo Elon Musk, que nació Sudáfrica y vivió allí hasta 1989, y, también, a la denuncia por genocidio presentada ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU por el Gobierno del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

A cualquier visitante a Sudáfrica le sorprende y atemoriza la cantidad de vigilantes privados con armamento de gran potencia que hay en edificios de viviendas, sedes de empresas, hoteles, centros comerciales y complejos turísticos. No están para separar a los blancos de los negros, ya que también muchos negros recurren a ellos para protegerse. En 2024, se registraron 19.279 homicidios, unos 70 diarios (en 2020 fueron poco más de 13.000), y se denunciaron más de 40.000 violaciones a mujeres, de las que la cuarta parte las sufrieron menores de edad. Ni que decir tiene que la inmensa mayoría de las víctimas de asesinato y violación son negras, atacadas por otros negros.

La respuesta del antiguo sindicalista minero y hoy multimillonario Ramaphosa, presidente desde 2018, y de su Gobierno consiste, no en detener y encarcelar a los delincuentes, sino en retirar a las empresas privadas armas y facultades para usarlas. A finales de marzo, se publicaron las enmiendas a la Ley Reguladora de la Industria de Seguridad Privada, que restringirá el empleo de fusiles, pistolas eléctricas, gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma o “cualquier otra arma que pueda dañar a civiles”.

Los afectados también serán los granjeros blancos, que se están organizando para defenderse de sus atacantes. A ellos, los Gobiernos del CNA les han tratado de despojar de sus armas durante los últimos años para que queden inermes.

Cuando Nelson Mandela se convirtió en presidente Sudáfrica en 1994, se presentó como el “país del arco iris”. Un modelo de sociedad multicultural en la que los negros, los blancos y hasta los indios convivían con sus costumbres en armonía. Tres décadas más tarde, se ha vuelto invivible. Pero se trata de un tabú que no puede decirse. Numerosos países, desde Gran Bretaña a Sudáfrica, parecen gobernados por enemigos de sus pueblos.