El golpe a las mutuas de funcionarios amenaza con colapsar la sanidad pública
El Gobierno socialcomunista se ha conjurado para meterle un hachazo a la Sanidad privada y a la la industria farmacéutica con la excusa de reforzar el sistema sanitario público. Los «expertos» del Ministerio de Sanidad apuestan por recortar al máximo la factura en medicamentos, integrar a todos los funcionarios en la Sanidad pública y cortar de raíz la influencia de los laboratorios en la formación del personal sanitario. El plan contempla la integración de las tres mutuas de los empleados públicos en el sistema general de salud pública. Las tres entidades son Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial). Lo que pretende el Ejecutivo es controlarlas y cortar el pago que destina cada mes para que los empleados públicos puedan disfrutar de una sanidad privada.
La idea socialcomunista tiene un pequeño problema: al retirar esos servicios sanitarios privados, dos millones de funcionarios pasarán al sistema de sanidad pública, con lo que el colapso puede ser colosal. En un «documento dinámico» -habrá que preguntarle al Gobierno en qué consiste eso del dinamismo documental-, se señala que la crisis del coronavirus «ha evidenciado que nuestro SNS [Sistema Nacional de Salud] presenta ciertas debilidades que es necesario atender con premura si quiere aspirar a seguir siendo una referencia para todos ciudadanos y profesionales».
Las debilidades, según el Ejecutivo, están en las mutuas, la sanidad privada y la industria farmacéutica -todo lo privado genera en el Ejecutivo una extraña obsesión-, de modo que parece dispuesto a combatirlas. El sistema de mutuas ha convivido con el Sistema Nacional de Salud desde su nacimiento con el fin de dar cobertura a un régimen de la Seguridad Social al colectivo de funcionarios, pero ahora, aprovechando la crisis sanitaria del coronavirus, el Gobierno pretende darles la estocada.
Las consecuencias pueden ser devastadoras: de golpe y porrazo, el sistema de salud pública se encontrará con dos millones más de personas. Un pequeño detalle que el Gobierno ha pasado por alto.
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