Opinión

El Gobierno sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena

Se podrá estar de acuerdo en que los partidos políticos han utilizado con frecuencia y sin distinción la figura de la acusación popular con fines partidistas, pero la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impulsada por el Gobierno, para limitarla para que no se utilice con «fines espurios» es de una hipocresía insuperable, teniendo en cuenta que él y el jefe del Ejecutivo son el paradigma de los «fines espurios». No nos engañemos: el Gobierno y el fiscal general se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, pues García Ortiz está al borde de la imputación por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Díaz Ayuso y, sobre todo, su interés en limitar la acusación popular tiene que ver con la situación que atraviesa Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por eso, el fiscal general ha vuelto a salir al quite. García Ortiz pensaba, claro está, en el caso que afecta a la esposa de su jefe, en el que Vox y el sindicato Manos Limpias ejercen la acusación popular. Si hay un partido que puede dar lecciones de cómo se utiliza la acusación popular con fines espurios es el PSOE, personado en casos como los ERE de Andalucía -cuando era él el culpable del latrocinio- o, más recientemente, en el caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, donde los socialistas han tratado de estirar el chicle hasta que su señoría ha dicho ‘hasta aquí hemos llegado’.

Por eso que venga ahora el fiscal general del Estado a hablar en nombre del Gobierno para reclamar una reforma de la acusación popular es de un cinismo grosero. No ha habido fiscal general que haya utilizado el cargo de forma más espuria que García Ortiz, el primero que podría ser imputado por el Tribunal Supremo. Y todavía tiene el atrevimiento de reclamar ante el Rey en la apertura del Año Judicial que se limite la acusación popular para echarle una manita a la mujer del presidente del Gobierno.