García Ortiz sigue el camino de Baltasar Garzón

El ex juez Baltasar Garzón, cuatro años antes de ser expulsado en 2012 de la carrera judicial al ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por el delito de prevaricación cometido al ordenar en la cárcel escuchas ilegales para grabar las conversaciones entre los investigados y sus abogados, perjudicando su derecho a defensa; solicitó que se le aportara el certificado de defunción de Francisco Franco, tras declararse competente para investigarle por las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En esa época presidía el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien pocos meses antes de la insólita decisión del juez prevaricador había sido grabado confesándole al periodista Iñaki Gabilondo que «nos conviene que haya tensión», de cara a las elecciones generales de ese año 2008.

Unos años antes Garzón había concurrido a las elecciones dentro de la lista electoral del PSOE, como número dos por Madrid, tras prometerle Felipe González que lo convertiría en superministro de Justicia e Interior; dimitiendo como diputado cuando González eligió a Belloch para ese puesto, para volver a la judicatura, haciendo uso de esas puertas giratorias que tanto gustan a los socialistas. De nuevo con la toga, Baltasar Garzón siguió haciendo política desde los juzgados, de forma que cuando Zapatero pidió tensión, a él se le ocurrió que sería buena idea juzgar y condenar a Franco, aunque llevara 33 años muerto y olvidándose de la ley de Amnistía de 1977, promulgada con el consenso total de todas las fuerzas políticas y principalmente promovida por los partidos de izquierdas, como el PSOE de Garzón.

Álvaro García Ortiz, el fiscal general del sanchismo, aún no ha sido condenado e inhabilitado como Baltasar Garzón, pero en breve se va a sentar en el banquillo de los acusados por el presunto delito de revelación de secretos en el caso relacionado con la filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la que se perjudicó políticamente en beneficio del partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le mantiene en su cargo a pesar de saberse que, sólo siete horas después de que se enteró de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo iba a investigar, borró todos los mensajes de WhatsApp que había en su móvil; 15 minutos más tarde repitió el proceso de borrado; eliminó la cuenta de Gmail en la que se hacían las copias de seguridad, activando una nueva copia en blanco que sobrescribiera las anteriores; hizo un restablecimiento completo del móvil a los valores de fábrica, eliminando todo lo que quedara; y, por si acaso, cambió de móvil, haciendo desaparecer el que había utilizado los días que ocurrió la filtración, sustituyéndolo por uno nuevo que fue el que le entregó a la UCO de la Guardia Civil.

Y de una forma parecida a como hizo el ex juez prevaricador, Baltasar Garzón, ahora Álvaro García Ortiz ha decidido echarle una mano al presidente del Gobierno que no le cesa pese a estar imputado y resistirse a colaborar con la justicia. El fiscal general del sanchismo ha resuelto investigar al Estado de Israel por unos supuestos crímenes cometidos en la Franja de Gaza que, en su opinión, serían «graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», constitutivas del delito de genocidio. Se une así García Ortiz a la campaña iniciada por Pedro Sánchez para distraer la atención de todos los escándalos de corrupción que lo tienen embarrado hasta las cejas a él, a su familia, a su Gobierno y a su Partido Socialista, envolviéndose en la bandera manchada de sangre de los terroristas de Hamás, quienes públicamente aplauden todas sus decisiones. García Ortiz sigue el camino de Baltasar Garzón. Ya sabemos como acabó el ex juez prevaricador que es donde apunta el fiscal de Pedro Sánchez.