Opinión

Foedera socialia imperfecta

Los pactos entre los agentes sociales, representantes de los trabajadores y de los empresarios, deben ser completos y son clave en una democracia avanzada que aspira a hacer compatible la mejora de la productividad con el bienestar económico y social de los empleados. La Mesa del Dialogo Social es el lugar adecuado para acordar sobre materia salarial o reforma laboral.

En numerosas ocasiones de nuestra historia y gracias a la confluencia de dichos acuerdos con la actividad legislativa y regulatoria del Gobierno de España se ha contribuido directamente a una mayor generación de actividad y de empleo ayudando a la atracción de inversiones importantes basadas en una ausencia de conflictos sindicales, una paz social, la mejora sostenida en el tiempo de las condiciones laborales de los trabajadores fuente de la atracción de talento, la incorporación de la tecnología y la mejora de la productividad y de la competitividad.

Se trata de un círculo virtuoso de nuestra economía que debemos cuidar en unos momentos como los actuales donde vemos que las inversiones internacionales en Europa van reduciéndose año tras año por los conflictos geopolíticos que suponen un encarecimiento de la energía basada en el gas que sustentó la industria europea durante un largo periodo de tiempo.

Las tres claves para contar con unos buenos pactos sociales son el dialogo social basado en la transparencia, la confianza y en el respeto de todas las partes, la representatividad real de los interlocutores y acompañar el entendimiento entre las partes con una buena regulación laboral que recoja dichos acuerdos.

En el contexto actual nos encontramos con una situación en materia laboral que cada vez incumple de una forma más clara estas importantes claves de forma que hay claras señales de amenaza a mantener vivo ese diálogo social real que es una pieza imprescindible en el círculo virtuoso de la economía española.

En primer lugar, en cada vez más ocasiones se deja de lado la posición de los empresarios sobre decisiones que afectan de lleno a la gestión empresarial. Ocurrió con los numerosos cambios del importe del salario mínimo interprofesional (SMI) que se realizaron sin el acuerdo de los empresarios y también se produjo con la decisión de reducir la jornada laboral. Ambos aspectos, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) afectan directamente a la actividad económica, al empleo, a la productividad y a la competitividad de muchas pequeñas y medianas empresas, en muchos sectores y en diferentes áreas geográficas. El enfado por enterarse por los medios de algunas decisiones del Gobierno que afectaban a los empresarios llevó al máximo responsable de la CEOE a hacer pública la propuesta de que la cuota patronal a la seguridad social fuese abonada directamente por los trabajadores una vez estos recibiesen en su nómina el mas que importante ingreso que cada mes las empresas ingresan en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

En segundo lugar, la representatividad de los interlocutores es un pilar fundamental para que los acuerdos realizados en el marco del diálogo social puedan ser desarrollados de forma rápida y completa, pacta sunt servanda, lo pactado obliga.

Llamó mucho la atención lo ocurrido hace escasos días en la celebración del Día de Europa en Madrid de una conferencia europea Hacia una Europa social con nuevos derechos. La noticia señalaba que CEOE, Cepyme y UGT plantaban a la vicepresidenta segunda Diaz por un caso de intrusismo al incorporar a una organización patronal, Conpymes, que no forma parte de la Mesa del Diálogo Social y que sin embargo ya está incorporada al Consejo Estatal de la Pyme desde el pasado mes de abril por el Gobierno para quizás tener un nuevo interlocutor menos incómodo para el Ejecutivo. De alguna forma haciendo estas incorporaciones no representativas a los órganos de diálogo social se profundiza en la política del trampantojo con cambios de denominaciones, a lo que se suma los cientos de miles de desempleados fijos discontinuos inactivos que no trabajan, lo que produce cambios en las estadísticas que rompen las series históricas y las hacen incomparables. Merman su fiabilidad.

Y finalmente la regulación laboral que el Gobierno pone en marcha. Si esta no recoge las propuestas de una de las partes del dialogo social, y vemos que la empresarial últimamente no es tenida mucho en cuenta, se crea una creciente inseguridad jurídica como ya vimos con los cambios de la contrarreforma laboral realizada sobre la acordada con Bruselas en 2012. Se crean rigideces en el mercado laboral y desincentivos para lograr una mejor organización del trabajo, en un momento de una tremenda disrupción tecnológica y de incorporación de la inteligencia artificial a la gestión del día a día de las empresas. Además de no ser eficaz para el aumento de la productividad y la competitividad de la economía española y la atracción de talento, será una norma laboral percibida como provisional y poco atractiva para los inversores internacionales.

José Luis Moreno, economista, ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.