La Fiscalía del Supremo puede arruinar el plan ‘progolpistas’ de Sánchez

La Fiscalía del Supremo -que hasta ahora se ha caracterizado por una probada firmeza contra los autores del golpe de Estado- se plantea pedir 8 años de inhabilitación para Oriol Junqueras por el delito de desórdenes públicos agravados, la pena que sustituye al delito de sedición, lo que significaría que el político catalán no podría volver a la política hasta 2027. El argumento del Ministerio Público es inapelable: al desaparecer la sedición, y dado que se produjeron graves altercados en los ficticios colegios electorales durante el 1-0, a Junqueras se le aplicaría la inhabilitación por el nuevo delito y también por el de la malversación, por mucho que haya sido penalmente rebajado. He aquí el primer problema para Pedro Sánchez: toda la reforma del Código Penal del Gobierno tenía como fin satisfacer las reivindicaciones de los golpistas catalanes, que una vez que fueron indultados lo que pretendían es borrar su horizonte penal haciendo desaparecer por arte de birlibirloque la inhabilitación para cargo público que llevaba adherida su condena.

Dado que la Fiscalía del Supremo -justo es reconocerlo- no se ha plegado nunca a los intereses políticos del Gobierno de Sánchez en relación con los golpistas catalanes -cabe recordar que pidió condena por un delito de rebelión en contra de la posición de la Abogacía del Estado-, la postura del Ministerio Público en relación con Oriol Junqueras puede poner en un problema a Pedro Sánchez. Si después de reformar el Código Penal al servicio de los sediciosos la Fiscalía arruina la maniobra del Gobierno y Oriol Junqueras, como es su deseo, no puede participar en los próximos comicios autonómicos, la reacción de ERC puede complicar los anhelos de Sánchez de seguir en la Moncloa con el apoyo de los independentistas catalanes. Es verdad que Sánchez confía en que su Fiscalía se pliegue a sus designios, pero la del Supremo nunca ha pasado por el aro del Ejecutivo en este asunto y puede dar al traste con el plan de blanqueo del golpismo del Gobierno.