Este golpe de Estado también lo ha pagado usted

La trama golpista suma y sigue. El Tribunal Supremo no debe perder ripio para ampliar la causa política contra todos los que han tratado de poner en jaque el Estado español. El pasado martes les contábamos cómo la número dos de ERC, Marta Rovira, había sido la principal cabecilla en los planes de los sediciosos para preparar material electoral y ocultar las urnas hasta la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Hoy, la exclusiva de OKDIARIO demuestra que la propaganda del golpe de Estado fue pagada por todos los españoles. La Generalitat se encargó de que las páginas webs subvencionadas con dinero público fueran las encargadas de difundir las consignas golpistas. La mayor parte de esos mensajes estaban basados en informaciones falsas. 

Una demostración más de que la propaganda de los independentistas catalanes difiere muy poco de aquella máxima goebbeliana que decía que «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». Así han tratado de hacerlo a través de periódicos digitales como Vilaweb, Ara o Naciódigital. Entre los tres medios privados recibieron más de 550.000 euros de dinero público. Un auténtico disparate si tenemos en cuenta el propósito real de dicha cantidad y que, además, se da en una de las regiones más endeudadas de España. Algo que ratifica el propio Josep Lluis Salvado Tenesa, uno de los pesos pesados dentro de esa hacienda propia que querían crear los falsos padres de la república ilegal con la vida más corta de la historia. 

Los independentistas catalanes no han escatimado a la hora de mentir a sus conciudadanos. Al modo de las filtraciones que hacen los países del Este para tratar de desestabilizar la Unión Europea, la Generalitat pagó con el dinero de todos los contribuyentes la filtración controlada e interesada de auténticas falacias como ésta: «La Hacienda catalana gestionará el pago de impuestos al Estado a partir de octubre». Algo que, como se ha demostrado después, era una burda manipulación y que debe ser investigada a fondo por la justicia. En primer lugar, porque contribuyó a las acciones sediciosas; en segundo lugar, porque era dinero que salía del bolsillo de todos los ciudadanos y, por lo tanto, podría haber un delito de malversación.