¿Para eso queríamos más autonomía política?

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado una nueva ley para recortar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Esta ley en ciernes pretende recortar la capacidad normativa de las autonomías sobre los impuestos cedidos por el Estado, es decir, sobre el impuesto de donaciones y sucesiones, el de actos jurídicos documentados, el de transmisiones patrimoniales y el de patrimonio.

Lo curioso de este hachazo a la soberanía fiscal de las autonomías, o de esta “recentralización” como la llamarían si les conviniera, no se debe a una aviesa intención del Gobierno central de recuperar la capacidad normativa de unos impuestos que cedió en su día a las autonomías para apuntalar su suficiencia financiera en el marco del sistema de financiación autonómica. No, Madrid ha dado luz verde a esta “recentralización” porque así se lo han requerido, entre otros, los separatistas catalanes, el valenciano Ximo Puig y la socialista Francina Armengol, como denunció en su día Toni Costa, portavoz del PP, en sede parlamentaria. Y se lo han requerido porque no toleran que la comunidad autónoma de Madrid de Isabel Díaz Ayuso prosiga con sus políticas de bajadas de impuestos, provocando, denuncian, el “voto con los pies” de muchos emprendedores que trasladan su domicilio fiscal a la capital para pagar menos impuestos. 

Provoca cuando menos estupor que quienes vienen reclamando un sistema de financiación similar al concierto navarro o al cupo vasco que, como saben, consiste precisamente en recaudar todos los impuestos y pagar luego por los servicios recibidos del Estado -el llamado cupo-, maniobren en Madrid para que la ministra de Hacienda limite su propia capacidad de decidir, su derecho a decidir en definitiva, de subir o bajar impuestos. En efecto, Ximo Puig y Armengol han anunciado que su propuesta para el nuevo modelo de financiación que ahora mismo se está negociando es precisamente la de profundizar en la corresponsabilidad fiscal entre Madrid y sus respectivas autonomías. Como decía hace unas semanas el economista y profesor Pep Ignasi Aguiló, Armengol “pretende soplar y sorber al mismo tiempo. Se envuelve en la bandera nacionalista reclamando más autonomía, al tiempo que pide disminuir la de la única autonomía que de verdad la ejerce”: Madrid. 

A esta cruzada “recentralizadora” auspiciada por separatistas y los autollamados federalistas como Armengol la llaman ahora “armonización fiscal” para contrarrestar lo que los mismos llaman “dumping fiscal” de Díaz Ayuso, es decir, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones o la eliminación de los impuestos propios en la autonomía madrileña. En realidad, bajo el nombre de “armonización” no se oculta otra cosa que una “recentralización” en toda regla con un único propósito: seguir saqueándonos nuestras cuentas corrientes sin que se note demasiado. Mientras asalta la comunidad autónoma de Madrid, la ministra Montero deja en cambio indemnes el País Vasco y Navarra que, amparadas por una normativa especial que les concede más autonomía fiscal que cualquier otra comunidad de régimen común, cuentan también con sus propias políticas fiscales diferenciadas del resto. La voluntad “armonizadora” de Montero se detiene por lo visto en la frontera navarra y vascongada.

La añagaza retrata a la perfección a victimistas de vocación y profesión como Pere Aragonés, Ximo Puig y Francina Armengol. Estos prefieren perder parte de su soberanía fiscal y entregársela al Gobierno central con el propósito de que este último suba los impuestos en Cataluña, Valencia y Baleares, algo que ellos no se atreven a hacer por evidentes motivos electorales. Tanto derecho a decidir, tanto concierto económico, tanto derecho a la autodeterminación, tanto federalismo fiscal, tanto federalismo asimétrico, tanta suficiencia financiera… para terminar los pobres pidiendo a Madrid que suba los impuestos que ellos, irresponsables y caraduras, no quieren subir para no desgastarse ante sus propios votantes. ¡Vaya corresponsabilidad!

Si el concierto navarro o el cupo vasco tienen alguna ventaja, al margen del daño que ocasionan a las otras quince comunidades de régimen común, es precisamente que a sus presidentes autonómicos no les queda más remedio que hacerse responsables de las subidas de impuestos que acometen al no poder achacárselas a Madrid. Libertad sí, pero con responsabilidad. Derechos sí, pero con obligaciones. Algunos parecen olvidar que el federalismo fiscal que pregonan no sólo permite a las autonomías competir entre ellas para ofrecer mejores servicios y gastar más sino hacerlo también para gestionar mejor, que consiste en hacer más con menos impuestos.

Armengol, bajo cuyo mandato Baleares se ha convertido en el mayor infierno fiscal de toda España como explicaba en un artículo reciente, renuncia a la corresponsabilidad fiscal que predica. Reclama más soberanía al tiempo que la cede voluntariamente y persigue a quien la ejerce. Dice una cosa y hace la contraria. La eterna adolescente que lidera el Govern balear desea que la autonomía balear sea sólo autónoma, federal o soberana a la hora de gastar pero no a la hora de recaudar. Para eso ya está Madrid. Por cierto, me llama poderosamente la atención el silencio clamoroso de Més en todo este asunto. ¿Dónde están los “soberanistas” de Més oponiéndose a esta extemporánea “recentralización”?