El emérito no puede ni debe volver por el bien del Rey y de la Monarquía constitucional
La carta del Rey emérito hecha pública por la Casa Real en la que anuncia su intención de «continuar de forma permanente y estable en Abu Dabi», aunque volverá con «frecuencia a España», deja abierta la puerta a regresar en el futuro para residir «en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible». La misiva de Juan Carlos I, en definitiva, confirma que tras el archivo de las investigaciones de la Fiscalía su lugar de residencia y su domicilio fiscal (aspecto este relevante porque en Abu Dabi no paga impuestos ni tiene que hacer declaración de la renta personal) seguirá estando en el extranjero, pero -y he aquí lo más subrayable-, el emérito anuncia que, a partir de este momento, compatibilizará su presencia en Abu Dabi con visitas frecuentes a España.
El problema que subyace es que los deseos del anterior jefe del Estado se dan de bruces con los intereses de la institución monárquica y que su intención de viajar a España con frecuencia plantea el no pequeño inconveniente de que su presencia aquí constituirá un problema para la Corona cada vez que decida volver, aunque sea de forma temporal. La decisión del emérito busca, sobre todo, blindarse fiscalmente, porque si residiera en España tendría que declarar cada año sus rentas de capital por su patrimonio universal, lo que aumentaría el foco sobre sus cuentas en el extranjero.
El problema de fondo no se acaba con el archivo de la Fiscalía. Una cosa es que haya quedado exonerado -por prescripción o por inmunidad- de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales que observó el Ministerio Público y otra, bien distinta, que su comportamiento merezca una suerte de absolución pública, porque lo relevante es que sus actos tuvieron un carácter delictivo, aunque inimputables penalmente.
En estas circunstancias, y para evitar que los escándalos de corrupción del anterior jefe del Estado sean utilizados por los enemigos del régimen del 78 como munición contra su hijo, el Rey Felipe VI, lo sensato y conveniente es que no vuelva. Por el bien de España y de la Monarquía constitucional.
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