Esto es posible gracias a Ciudadanos

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) está instalada en una polémica que no cesa. El apoyo de Ciudadanos a la revocación de Daniel de Alfonso ha provocado que Maite Masià se haga cargo del organismo. La persona menos indicada para dirigir dicha oficina si tenemos en cuenta tanto su trayectoria profesional como su círculo de allegados. Masià genera una lógica desconfianza en gran parte de los partidos políticos que constituyen el Parlament. Antes de llegar a la OAC en 2015, esta mujer había dirigido el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN), un órgano público que otorgó bajo su mando, y de forma «fraudulenta», los concursos de la Inspección Técnica de Vehículos en Cataluña. La famosa trama de las ITV donde Oriol Pujol era considerado uno de los cerebros. De hecho, tan sólo CiU y PSC ratificaron su nombramiento como adjunta de De Alfonso, ahora defenestrado tras aparecer en las grabaciones ilegales al ministro Jorge Fernández Díaz.

Aunque cada uno tenga el derecho fundamental de compartir su vida privada con quien crea oportuno, el entorno cercano de la actual directora de la OAC tampoco refuerza la confianza en ella. Entre sus íntimos destaca Jordi Puig Godes, investigado por sus relaciones financieras con Jordi Pujol Ferrusola. Puig está bajo la lupa del juez José de la Mata como administrador único de Ascot Inversions, una empresa vinculada a Pujol Jr. según la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Con semejante bagaje, ni la mejor jugada maestra  del clan Pujol hubiera sido más fructífera para sus espurios intereses. El organismo que investiga la corrupción en Cataluña está ahora bajo el dictamen de una persona muy cercana a Felipe Puig, hermano de Jordi y antiguo consejero del propio Jordi Pujol además de cómplice de maniobras.

Sin duda, el actual puesto de Masià es una mala noticia para los catalanes. Además de sufrir las deficiencias económicas a causa de la mala gestión nacionalista, se encuentran con el riesgo más que evidente de que muchas investigaciones anticorrupción permanezcan varadas o no se efectúen. Así, los Pujol o el ‘Caso Inipro’ pueden quedar en un limbo judicial del que nunca salgan. Hace una semana, OKDIARIO les contaba esa trama de financiación ilegal descubierta por la propia OAC y que esquilmó más de 70 millones de euros a todos los catalanes a través de 14 ayuntamientos gobernados por los socialistas desde 2003 a 2010. Casos como ése corren el riesgo de perderse para siempre si los partidos políticos representados en el Parlament no controlan al milímetro los movimientos de la OAC. Ciudadanos debería haber pensado mejor su decisión.