La dictadura de la Memoria

La semana ha transcurrido con el foco informativo en el Valle de los Caídos, y Franco como  protagonista. A dos semanas escasas de repetir las elecciones generales —las cuartas en apenas cuatro años—, resulta surrealista que este tema ocupe el interés informativo.

El denominador común en la opinión de los partidos de todo el espectro ideológico por este espectáculo, ha sido acusar a Sánchez de «electoralismo», tras haber anunciado además que efectuaría la exhumación «con discreción», y haberla retransmitido después con una cobertura informativa propia de un acontecimiento histórico de interés general. Que la Junta Electoral lo haya permitido en pleno periodo electoral, es un dato que conviene retener como precedente, como también debe serlo, que Sánchez llegara a la Moncloa no tras haber ganado en las elecciones, sino por una moción de censura apoyada por los máximos enemigos de Franco y su obra política, a saber: separatistas, nacionalistas y comunistas.

Recuerdo estos detalles porque se equivocan los que tan solo se limitan a criticar el electoralismo de la medida, sin entrar en el fondo de la misma, porque ahí radica, a mi entender, la especial gravedad de la cuestión. En la forma, se ha ocasionado un importante daño a nuestro Estado de derecho con la aparente dependencia del TS a los deseos calendarizados del Gobierno —discurso ante la Asamblea General de la ONU incluido—, con una sentencia que liquida de un plumazo los pacíficamente consolidados derechos en materia de libertad religiosa, de inviolabilidad de lugares de culto, profanación de sepultura en lugar sagrado, y determinación del lugar de inhumación, al margen de la voluntad unánime de los familiares.

En cuanto al fondo político de la decisión, se trata de una cualificada vuelta de tuerca a la radical imposición por ley del relato de lo sucedido en España desde el 14 de abril de 1931 hasta el 20 de noviembre de 1975, ante el que pretenden que ni investigadores, ni historiadores,  ni medios de comunicación, ni particulares, seamos libres de defender una opinión diferente a la oficial, sin incurrir en riesgo de cometer un delito penal. Todo esto unido, además, a la descalificación absoluta de la obra y la figura de Franco —al que la consigna Sanchista marca que hay que referirse siempre como «el dictador»—, calificando la bandera nacional del franquismo como preconstitucional, lo cual —además— es falso, por cuanto el propio ejemplar de la Constitución firmado por el Rey y los ponentes de la misma, lleva el escudo con el Águila de san Juan. La que sí es absolutamente “pre“ es la republicana, a la que curiosamente nunca se estigmatiza ni como preconstitucional, ni como anticonstitucional, al igual que la estelada separatista catalana.

Pero los impulsores de esta obligatoria y selectiva Memoria de la Historia, no dan puntada sin hilo, al poco menos que glorificar la Segunda República y criminalizar el Franquismo bajo amenaza penal, lo más parecido a Corea del Norte o a la Unión Soviética, tan querida por esa izquierda. Y ya que son tan aficionados a la Memoria obligatoria, espero que la nueva ley incorpore la resolución del Parlamento Europeo relativa a la condena del comunismo y el nazismo como sistemas criminales, por sus asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Espero también la correspondiente reacción de condena de los comunistas y separatistas, fieles guardianes de la Memoria Histórica obligatoria antifranquista.

Los integrantes del pacto de la moción de censura, no son ingenuos, y siguen hilando fino, pues esa condena global del Franquismo conlleva implícita la consideración de la “ilegitimidad de origen” de la proclamación del rey como «sucesor de Franco» tras la muerte de este, por lo que su misma lógica lleva a afirmar que sería un rey  preconstitucional, convalidado a posteriori por la Carta Magna, pero sin un referéndum específico que se pronuncie de forma solemne si debemos optar como forma de Estado por la Monarquía así estigmatizada, o la maravillosa República.

En eso están, y lo veremos a no mucho tardar, sobre todo si la oposición “centrada” sigue con la actitud tibia y suicida que mantiene en relación a  la dictadura legal de la Memoria Histórica.