El diálogo con Puigdemont debe ser aplicar el 155

El Gobierno debe reducir su diálogo con Carles Puigdemont a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No puede ser de otro modo después de que el presidente de la Generalitat haya anunciado que declarará la independencia de Cataluña de manera unilateral. Para poner el punto y final a esta crisis política —la más grave de nuestra historia desde el golpe de Estado de 1981— hará falta la unidad de todos los partidos constitucionalistas. El Ejecutivo acierta al convocar a todas las fuerzas con representación parlamentaria para «reflexionar sobre el futuro que hay que abordar juntos», tal y como ha anunciado en su alocución el presidente Mariano Rajoy. Un tema tan importante para España hay que solucionarlo con espíritu y altura de Estado. No obstante, eso no puede suponer un cheque en blanco de impunidad para los golpistas. Lo que ha sucedido este domingo en Cataluña es muy grave. Más si cabe después de que Puigdemont haya dicho que no se parará en raya y propiciará el último capítulo de su deriva con la declaración de independencia a pesar del fracaso que ha supuesto el procés.

Rajoy ha hecho bien en denunciar «la ilegalidad» que invalida el no-referéndum, pero hay que dar un paso más a tenor de los acontecimientos. Ese paso ha de ser a través de la aplicación sin ambages de la ley. Para empezar, la Fiscalía debe significarse sobre la inacción de los Mossos d’Esquadra. Tras ignorar varias veces la llamada del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos para coordinar la acción de todas las fuerzas de seguridad, Josep Lluís Trapero ha hecho lo que se esperaba de él: nada. O mejor dicho: todo pero a favor de la connivencia con los golpistas. Los Mossos han permitido que los colegios se hayan mantenido abiertos y las urnas a pleno rendimiento. A veces, incluso, a costa de enfrentarse con los agentes de la Guardia Civil que, al igual que los de la Policía Nacional, han tenido una actuación impecable. Ambos cuerpos nacionales han realizado su labor con suma prudencia y sólo han utilizado la fuerza de manera muy proporcional cuando les ha sido imprescindible.

Todo ello a pesar de que los radicales más violentos han convertido los colegios electorales en auténticos campos de batalla. Han atacado a los efectivos policiales con piedras y sillas hasta el punto, incluso, de echarlos de ciertos lugares, todo ello ante la pasividad de los Mossos. La justicia también tendrá que actuar contra los adláteres de Puigdemont. Instigadores todos —como el propio president— de un golpe de Estado que aún no ha acabado y que ha generado una espiral de violencia innecesaria, ya que una iniciativa ilegal estaba condenada al fracaso ante la firmeza del Estado de Derecho. Los independentistas no engañan a nadie por mucho que se acojan al victimismo sempiterno que los caracteriza. Por eso deben responder ante la ley. El Gobierno tendrá que actuar sin miramientos ante unos pirómanos de la política que ya han anunciado, reforzando así su profundo sentido de la irresponsabilidad, que en unos días tratarán de dinamitar España por completo. No lo conseguirán, pero hay que actuar ya contra ellos.