Un delito execrable que obliga a una dimisión inmediata

Ahora que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha imputado a la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, por encubrir, entre otros posibles delitos, los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada, su salida del Gobierno autonómico, por propia voluntad o forzada -¿a qué esperas, Ximo Puig?-, es una obligación moral. Alguien que durante toda su trayectoria política se ha dedicado a predicar que la imputación de un cargo público debe llevar aparejada su renuncia al cargo no puede ampararse ahora en que su situación procesal es fruto de una campaña de acoso, porque esa excusa, lo único que sirve es para constatar el grado de hipocresía que atesora.

Todavía resuenan las palabras que le dirigió Mónica Oltra a Francisco Camps: «El día que me vea, como usted, imputada, me iré a casa». Pues ya puede ir abriendo la puerta. Y es que, además, el caso por el que ha sido imputada es de una enorme gravedad. Mónica Oltra dejó en el más absoluto desamparo a una menor víctima de abusos sexuales por parte del que fuera su marido. Es más: la Consejería de Asuntos Sociales, de la que es responsable Oltra trató por todos los medios a su alcance de poner en duda el testimonio de la menor, retratada vilmente como alguien sin credibilidad. El tribunal sostiene que hay «una serie de indicios que hacen sospechar» de un posible acuerdo entre Oltra y «funcionarios a su cargo para proteger a su entonces pareja o proteger la carrera política de la aforada». Si hay un delito especialmente execrable es el encubrir un abuso sexual, bien por el interés personal de la vicepresidenta valenciana, bien para defender a su ex pareja. O ambas cosas. Si Mónica Oltra lleva su indignidad al extremo de aferrarse al cargo, la responsabilidad recae ahora en Ximo Puig, presidente del Gobierno valenciano. Si no destituye a su vicepresidenta y sucumbe a las presiones de Compromís, él será culpable del oprobio.