Opinión

Cuando el Estado de Derecho va montado en zódiac

  • Pedro Corral
  • Escritor, historiador y periodista. Ex asesor de asuntos culturales en el gabinete de presidencia durante la última legislatura de José María Aznar. Actual diputado en la Asamblea de Madrid. Escribo sobre política y cultura.

Me ha asaltado en estos días el recuerdo del punto de la autopista que conduce desde el aeropuerto de Palermo a la capital de Sicilia donde Cosa Nostra activó el 23 de mayo de 1992 una tonelada de explosivos bajo la calzada para asesinar al juez antimafia Giovanni Falcone, de 53 años, y a su mujer, la también magistrada Francesca Morvillo, de 46, con tres policías de su escolta.

Mi mujer y yo, de viaje de novios en Sicilia, pasamos por aquella autopista apenas dos meses después del atentado, ordenado por el boss Salvatore Totó Riina, del clan de los Corleonesi, en su cruenta ofensiva contra el Estado italiano. En el lugar elegido para cometer el atentado, en la desviación a la localidad de Capaci, no advertimos ya rastro de los estragos de la masacre.

Ese mismo mes de julio, en la palermitana Via d´Amelio, los Corleonesi asesinaban a otro destacado juez antimafia: Paolo Borsellino, de 52 años, junto con cinco agentes de su escolta. Borsellino había sido compañero de Falcone bajo las órdenes del fiscal Rocco Chinicci, muerto en 1983 también por un coche bomba de Cosa Nostra. Juntos habían capitaneado la batalla del Estado de derecho contra aquella hidra de mil cabezas que es la Mafia.

Las vueltas del destino quisieron que, en mayo de 1996, cuatro años después de la muerte de Falcone y Borsellino, pudiera informar desde Roma, como corresponsal de Abc, de la detención de su verdugo: Giovanni Brusca, el jefe del gruppo di fuoco de los Corleonesi. Su capo, Totó Riina, había sido detenido sólo un año después de los atentados terroristas de su clan, que incluyó una bomba junto a la florentina Galería de los Uffizi, que causó cinco muertos.

Un mes después del asesinato de Falcone se aprobó en Italia una reforma penal para introducir el delito de «intercambio electoral político mafioso». Este artículo, el 416 ter del Código Penal italiano, persigue y castiga el acuerdo entre delincuentes y políticos por el que los primeros garantizan los votos para la elección de los segundos a cambio de cualquier contrapartida que pueda beneficiar su actividad criminal, como puede ser lograr la impunidad para los delitos que cometan o hayan cometido.

La respuesta de Italia, de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, de sus jueces y magistrados y de la mayor parte de la sociedad ante aquel desafío de Cosa Nostra tiene extraordinarias similitudes con la dada por España ante el chantaje de ETA, una forma local de crimen organizado maquillada por una no menos criminal doctrina de «liberación nacional»: «liberar» a los que están de acuerdo contigo, y a los que no, matarlos o subyugarlos.

En uno y otro caso, quedó como lección que cualquier amenaza al Estado de derecho, tenga o no un subterfugio supuestamente político, hay que enfrentarla sólo con la ley, nada más que con la ley, pero con todo el peso de la ley. Y también proveyendo de los necesarios medios materiales a quienes se juegan la vida por nuestra libertad y seguridad, como ha quedado patente en Barbate, donde los nuevos piratas del Estrecho asesinaron brutalmente, pasándolos por la quilla de su narcolancha, a los guardias civiles David Pérez Carracedo y Miguel Ángel Gómez González, embarcados en una pequeña zódiac.

A pesar de ello, nuestros héroes se decidieron a cumplir su deber contra las potentes lanchas de los narcos sin protestar por las órdenes, porque se lo demandó el honor que tiene como divisa la Benemérita. Poco después se puso el foco en el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez había desmantelado la eficacísima unidad OCON Sur que había librado con éxito la batalla contra las mafias de la droga del Estrecho, al tiempo que eternizaba la reparación de las tres patrulleras de la Guardia Civil allí destinadas.

El asesinato de David y de Miguel Ángel se ha erigido en un símbolo de los tiempos que vivimos en España. Los delincuentes ven hoy garantizada su impunidad bien por no dotar de medios a quienes los combaten, como en el caso de Barbate, bien por la decisión política de beneficiarles con una amnistía que borre sus gravísimos delitos. En uno y otro caso, la impunidad representa una forma de corrupción.

Hoy, como en la pequeña zódiac atacada en Barbate, salen a diario a cumplir su deber miles y miles de servidores públicos para proteger nuestro sistema de derechos y libertades. Lo hacen mientras quienes están al mando les desasisten, desarman o incluso acosan por hacer su trabajo a favor de la libertad, la convivencia y la paz de todos los españoles, para entregarlos inermes a los que sólo tienen como objetivo hundir esta nación y pasar por la quilla su Estado de derecho y a quienes lo defienden.

Hoy se negocian leyes de amnistía redactadas al dictado de los propios delincuentes a cambio de los votos necesarios para lograr el poder. Se disfraza de objetivo político la amnistía para quienes aterrorizaron, robaron, vandalizaron y amenazaron la vida de las fuerzas policiales, cuando no es más que un trato corrupto que intercambia impunidad por poder, algo que resulta tan similar, con las debidas distancias, a la figura delictiva del «intercambio electoral político mafioso» perseguida en Italia en la lucha contra Cosa Nostra y otros grupos del crimen organizado.

La Europa libre y democrática debería preocuparse gravemente de que en España se vaya a institucionalizar este tipo de conducta mafiosa con rango de ley orgánica. Con la amnistía conseguirá su impunidad penal el delincuente que tiene capacidad de comprar con sus votos la voluntad de quien, gracias exclusivamente a esos mismos votos, consigue el poder para otorgarle dicha impunidad.

La inoculación de este peligrosísimo precedente en las entrañas de nuestro Estado de derecho tendrá impredecibles consecuencias, no sólo en España sino en toda Europa porque debilitará fatalmente nuestras democracias, también ante quienes han hecho del crimen y la corrupción el modus vivendi de sus regímenes.

No hay que estar ciego para ver que el auténtico caballo de Troya para rendir la España constitucional es la amnistía de Sánchez. Lo que nos faltaba es que venga adornado por el engañoso lazo del sátrapa de Moscú.