Corrupción y marketing electoral frente a Catalá

Cuando el electoralismo se mezcla con las políticas de Estado, nada nuevo se puede esperar. En España tenemos un gravísimo problema de independencia por el control del Consejo General del Poder Judicial por parte de los partidos políticos. Que la Fiscalía, tal y como se regula en la Constitución, es un órgano jerarquizado y el Fiscal General del Estado que es propuesto por el Gobierno provoca algunas veces situaciones de arbitrariedad y trato desigual es algo que se debería corregir. Sin embargo, tachar a toda la Fiscalía de partidista por la elección del Fiscal General, es un tópico que atenta contra la verdad y el rigor de la institución. El PSOE pide junto a otros grupos parlamentarios la reprobación del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y de Manuel Moix, jefe de Anticorrupción, por su supuesta interferencia en la ‘Operación Lezo’, en la que entre otros se detuvo al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Nadie habla del éxito de la operación ni de la magnitud de la misma, aún con conocimiento de que fue realizada por la colaboración entre las distintas instituciones del Estado, en cuyas cúspides existen cargos políticos. ¿O acaso fue fruto del azar de un juez, de unos fiscales y de la Guardia Civil? La ‘Operación Lezo’, tan criticada por todos los grupos parlamentarios que incluso han señalado al juez instructor, demuestra de manera irrefutable una realidad: la investigación y encarcelamiento de un presunto caso de corrupción ha sido orquestado en un Gobierno del PP contra ex altos cargos del mismo partido. Los fiscales de Anticorrupción necesitan más medios económicos y materiales así como de mayor autonomía para actuar. No obstante, éste es el debate que se está obviando, puesto que el mismo no da votos en el Congreso.

Bajo el Ministerio de Rafael Catalá se han fortalecido las unidades de anticorrupción, se han llevado a cabo las ‘Operaciones Lezo’, ‘Púnica’, o el enjuiciamiento de ‘Gürtel’. Su gestión goza de aciertos y errores, pero no es discutible que actúa contra la corrupción, ya que esto es una realidad. En lugar de que el PSOE y otros grupos parlamentarios se hagan la foto con la «reprobación», se debería de plantear cómo fortalecer la independencia judicial, único elemento serio para combatir realmente la corrupción. La politización de la Justicia daña a toda nuestra democracia, nos hace menos iguales ante la ley, nos genera desafección ante las instituciones y daña la integridad moral de nuestros jueces y fiscales, quienes en su mayoría aplican la ley sin pedir el carnet del partido.

Da la impresión que nuestros legisladores se preocupan más de salir en la foto que de tomar iniciativas para que mejore realmente nuestro país y los problemas de la sociedad. La corrupción no se combate con votaciones simbólicas sino fortaleciendo la autonomía y la independencia judicial, todo lo demás es más propio del marketing que de un parlamento con rigor.