El Consejo de Estado acusa al Gobierno de restringir la libertad de prensa

Vale que el Consejo de Estado sea un órgano consultivo y que el Gobierno pueda desoír sus pronunciamientos, pero el hecho de que haya cuestionado de forma muy crítica la denominada Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación no es un dato menor. La ley -un intento bastante chusco, por por cierto, de controlar a la prensa crítica- se encuentra actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados y está por ver que salga adelante, pero de momento el Consejo de Estado ya le ha dicho al Ejecutivo que el registro en el que los medios deberán inscribirse y mantener actualizada la información sobre su estructura de propiedad, además del importe anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países, debería ser menos un «instrumento de Policía administrativa» y más  «un instrumento de transparencia, al servicio de ciudadanos y empresas, cuya finalidad es facilitar el conocimiento de la información sobre la propiedad de los medios de comunicación».

Es decir, que el Consejo de Estado le dice al Gobierno que «en el ordenamiento español no existe actualmente ninguna obligación de registro para el ejercicio de la actividad de prensa» y que «los antiguos registros de empresas periodísticas y empresas editoriales previstos en la Ley de Prensa de 1966 fueron derogados» en 1984. Y en lo que supone toda una colleja, añade: «Así, la imposición de una nueva obligación de registro podría interpretarse como una restricción al libre ejercicio de la actividad periodística», contraria precisamente al reglamento europeo que avisa que «no debe interpretarse que nada de lo dispuesto interfiere con la libertad de información, la libertad editorial o la libertad de prensa, ni que incentiva a los Estados miembros a imponer exigencias a los contenidos editoriales o las publicaciones de prensa». O sea, que resumiendo, el Consejo de Estado le viene a decir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el registro tiene reminiscencias franquistas y atenta contra la libertad de prensa.