La capitalización de las pensiones

El sistema público de pensiones actual, basado en el sistema de reparto, precisa de reformas para garantizar su sostenibilidad. Por una parte, cada vez la esperanza de vida es mayor —gracias a Dios— y el número de pensionistas que se incorporan cada año al sistema crece de manera importante. Adicionalmente, el número de activos que financian las pensiones de nuestros mayores no ha crecido con igual fuerza que en el pasado —aunque últimamente ha repuntado, cosa positiva—, fundamentalmente por dos motivos: el descenso de la natalidad que se produjo ya hace años, con lo que dichas cohortes son menores y, por tanto, menos personas pueden incorporarse a la población activa y, por otro lado, el descenso de cotizantes que se produjo durante la crisis, que pese a haberse recuperado, todavía es preciso incrementarlo más; por eso es tan importante alcanzar el objetivo del Gobierno de los veinte millones de ocupados. 

Paralelamente, la generación del llamado baby-boom todavía, en su mayor parte, no se ha jubilado, pero cuando los nacidos en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX se retiren, el incremento de pensionistas será todavía muy superior al ya potente de ahora, sin que pueda ser tan potente el crecimiento en el número de cotizantes para lograr esa cobertura. Todo ello hace matemáticamente necesaria una reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad. Hace tiempo lo dijeron distintos profesionales de este tema. De entre ellos, destacó especialmente el recordado profesor Barea, que insistió en la necesidad de reformar el sistema de pensiones para que sus cuentas cuadrasen en el medio y largo plazo.

Se han llevado a cabo algunas modificaciones en el marco del Pacto de Toledo que ayuden a garantizar la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, alargar paulatinamente el cómputo de años para calcular la pensión a recibir —recordemos que, hasta entonces, se computaba sobre los dos últimos años— y, recientemente, modificar las edades de jubilación. Ahora bien, es necesario que continúen las reformas del sistema, con reformas estructurales. Para ello, podría tenerse en cuenta la posibilidad de ir hacia un sistema de capitalización en el que cada trabajador habría de aportar de manera obligatoria un porcentaje de su retribución que se capitalizaría en una cuenta personal de cada uno de ellos. De esa manera, el propio sistema de capitalización podría generar recursos suficientes para trazar una pensión de jubilación previsible, que espante el problema actual.

Obviamente, este cambio de sistema público, de uno de reparto a otro de capitalización, debería hacerse con una transición aplicable a aquellas personas que por su edad no tengan manera ya de cambiarse al nuevo sistema para garantizar sus derechos; al tiempo que se mantuviesen las pensiones no contributivas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para, también, garantizar la solidaridad con aquellas personas que no han reunido el tiempo suficiente de cotización para tener derecho a una pensión contributiva.