¿Y Canalda, y Calvo?

Las investigaciones judiciales que tienen como objetivo esclarecer los delitos perpetrados en las distintas instituciones públicas son siempre bienvenidas. La resolución de este tipo de asuntos mejora la calidad democrática de nuestra sociedad. Un factor clave para que los ciudadanos vuelvan a confiar en un sistema maltrecho en su credibilidad tras los innumerables casos de corrupción que han protagonizado el día a día de España durante la última década. No obstante, y hasta que no se demuestre lo contrario, Alberto Ruiz-Gallardón es inocente. Su trayectoria carece de mácula. Por ahora, lo único seguro es que el exministro de Justicia presidía el Consejo de Gobierno en el que se acordó la adquisición de la filial colombiana del Canal de Isabel II por un total de 83 millones de euros —73 millones de dólares según la operación original—. Sin embargo, si el juez confirma finalmente los delitos de malversación y prevaricación tendrá que hacer frente a la ley como cualquier ciudadano.

La justicia tendrá que dictaminar qué responsabilidad tuvo el político en todo este asunto. No obstante, hay algo cristalino: si el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid está imputado, las investigaciones deben extenderse para que también lo estén tanto Arturo Canalda como Pedro Calvo. Por ahora, ambos exdirigentes del Canal están exentos de cualquier cita con los tribunales a pesar de que su relación con la Operación Lezo es más que notable. El entonces gerente del Canal, Arturo Canalda, fue uno de los principales cerebros en la compra de Inassa, empresa colombiana por la que se pagó 10 veces más de lo que costaba a través de una sociedad opaca radicaba en el territorio offshore de Panamá. Canalda no solo se ha librado de cualquier imputación hasta el momento sino que, de manera inexplicable, sigue al frente de un organismo público: la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Situación similar a la de Pedro Calvo. A pesar de que bajo su presidencia en el Canal (2000-2003) se llevó a cabo toda la operación de Inassa sigue sin comparecer en sede judicial. Si Gallardón acude, ellos dos también deben hacerlo.