Bloqueo socialcomunista al Parlamento

Pedro Sánchez va a pasar a la historia por ser el presidente más censor de la democracia. Su consigna es no dar voz en el Congreso a los diputados del PP, que ya han denunciado la vulneración de sus derechos. En una proposición no de ley, la formación de Pablo Casado denuncia que 450 peticiones de comparecencias de ministros se encuentran aún pendientes de celebrar y 400 solicitudes de información por parte de diputados del principal partido de la oposición  siguen sin respuesta.

Como ejemplos, hay  determinadas comisiones ante las que algunos ministros llevan más de año y medio sin comparecer. Asimismo, casi 100 enmiendas presentadas por el PP han sido vetadas sin la más mínima motivación. Un total de 207 preguntas formuladas por diputados del Grupo Popular fueron contestadas con el mismo párrafo que únicamente remitía a la comparecencia del ministro en el Congreso. El PP denuncia que «mientras iniciativas de determinados grupos están en condiciones de ser incorporadas al orden del día del pleno en 4 o 5 días, las del Grupo Popular tienen que esperar 30 días hasta que se cumpla el plazo de contestación del Gobierno».

Estamos ante una flagrante quiebra de la legalidad parlamentaria, lo que  supone una vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, pero a Pedro Sánchez el principio de la legalidad se la sopla. Su estrategia pasa por obstruir el ejercicio de los derechos de los parlamentarios de la oposición de centroderecha y para ello cuenta con la inestimable colaboración de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. A Pedro Sánchez, los derechos de los diputados de los partidos que no son de izquierdas, ni golpistas, ni proetarras le importan una higa. Ha decidido bloquear el Parlamento y acallar las voces críticas contra su gestión. El socialcomunismo ha decidido poner sordina a las opiniones de quienes no le bailan el agua. El Congreso languidece. Ya puestos, que lo cierre.