Así se rompe España

La  batalla que se ha librado estos días para desacreditar a uno de los magistrados que había sido pasteleado para renovar el Tribunal Constitucional entre el Partido Popular, el Partido Socialista de Pedro Sánchez –“No pactaré nunca nada con Bildu, ¿cuántas veces quiere que se lo repita?”, los comunistas de Enrique de Santiago -“Si se dieran las mismas condiciones iría al Palacio de la Zarzuela y haría lo mismo que Lenin le hizo al Zar…”-  y los bolivarianos de Belarra –“El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo (la condición de diputado a Rodríguez) aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación”- no iba contra ese candidato, ni siquiera contra el partido que le ha designado.  El objetivo fundamental de todo el montaje esperpéntico no es otro que desacreditar a la institución de la que iba a formar parte, el Tribunal Constitucional.

El gran cambio que ha introducido Sánchez en el mercadeo de todas las   instituciones, particularmente los órganos de la justicia, es que ahora no se trata solo ni principalmente de controlarlos y parasitarlos con mayorías partidarias alternativas para que siga funcionando el “hoy por ti, mañana por mí”. La estrategia de Sánchez tiene como objetivo liquidar las instituciones que surgieron de la Transición y se plasmaron en la Constitución del 78. La táctica es el descrédito; la estrategia, la demolición. Porque Sánchez sabe  que mientras haya un juez independiente, un abogado que cumpla con su obligación, un tribunal que juzgue con criterios profesionales… no podrá demoler el sistema de libertades que instaura nuestra Constitución. Él sabe que para que triunfe su estrategia y pueda gobernar como un caudillo tiene que acabar con las instituciones en las que se sustenta la democracia.

Para eso necesitan desacreditar las instituciones, particularmente los órganos de la Justicia que son los que les están juzgando en el presente (sentencias del TC sobre los actos del Gobierno que burlan la Constitución y anulan derechos fundamentales de los ciudadanos) y los que tienen la potestad de sentarlos en el banquillo para ser juzgados, quizá por la vía penal. Por eso la campaña de descrédito hacia los órganos de la justicia y contra los jueces independientes (recuerda la campaña contra el Juez Llarena) comenzó desde el mismo día en el que Sánchez llegó a la Moncloa. Él, que llegó a la Moncloa gracias al fraude de un juez amigo, necesita liquidar la separación de poderes, lo único que frena que su ambición caudillista y despótica tenga un éxito total.

Controlar el TC y el resto de órganos que ahora mismo ha pactado con el PP  en una operación cuya lógica democrática no alcanzo a comprender- es para Sánchez mucho más que una cuestión de cuotas de poder partidista. Si la estrategia de Sánchez tiene éxito –para lo que necesita que el Partido Popular le siga ayudando-, ese Tribunal Constitucional que se ha pronunciado por tres veces consecutivas sentenciando que el Gobierno ha actuado burlando la Constitución y violando derechos fundamentales de los ciudadanos ya no volverá a hacerlo. Si en el dictamen del TC sobre el segundo estado de alarma el Alto Tribunal afirma que en ese periodo “quedó cancelado el régimen de control al Gobierno que le corresponde ejercer al Congreso”, cuando Sánchez logre el control total lo que quedará cancelado será el control del TC sobre las leyes o los actos del Gobierno. Y si, por casualidad, algún dictamen se escapa a su control, el descrédito de la institución está servido. Y cuando Sánchez tenga mayoría más que absoluta (dentro de nada al Gobierno le corresponde el nombramiento de dos magistrados y al nuevo CGPJ otros dos) el Gobierno presidido por este gran impostor no tendrá ningún órgano que controle la legalidad y constitucionalidad de su actos. O sea, España será como Venezuela o cualquier otra dictadura cuyo funcionamiento quiera uno repasar.

Todo lo que estamos viviendo en España forma parte del golpe de mano que Sánchez ha organizado contra la separación de poderes que para él supone un lastre, una incomoda herencia de la Constitución del 78. Él, como buen narcisista, solo adopta decisiones que favorezcan sus intereses; por eso puso en marcha esa estrategia de demolición desde el minuto uno de su llegada al poder; porque sabe que para imponer un proceso constituyente sin que los españoles lo hayamos decidido en las urnas necesita amordazar todos los poderes del Estado, necesita parasitar todas las instituciones, necesita acabar con el más mínimo atisbo de separación de poderes. Por eso ha elegido como socios y cómplices a los comunistas, bolivarianos, pro etarras y golpistas, todos ellos enemigos jurados y mortales de la democracia.

Y como Sánchez atesora un cinismo propio de una personalidad maquiavélica, narcisista y psicopática, se atreve a acusar a los demás de aquello que él practica. ¿No va y dice en el Congreso de los Diputados que el discurso  de la oposición “socava la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático”? Que un tipo que preside un gobierno aliado con un partido declarado por el Parlamento Europeo responsable de crímenes de lesa humanidad, que mantiene su complicidad con un régimen como el de Maduro, investigado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, que preside un gobierno que está siendo investigado por la Parlamento Europeo por negarse a de esclarecer los 379 crímenes de ETA aun sin juzgar, se atreva a acusar a la oposición de devaluar la confianza en las instituciones da la muestra de la catadura moral del personaje.

El éxito de la estrategia de Sánchez descansa en tres patas. Una de ellas ya la hemos señalado: control y desprestigio de las instituciones y los órganos de la Justicia. Otra tiene que ver con el empobrecimiento de España. Lo del gobierno en esta materia no es solo incompetencia y sectarismo, que también. Sánchez conoce las consecuencias de su política económica, de la inseguridad jurídica a la que están sometidas las empresas víctimas de discursos y decisiones cambiantes y contradictorias; él sabe que la dependencia energética de España, el precio ascendente en la factura de la luz y su repercusión en los precios resulta insostenible para las empresas y las familias. Pero no le importa que España se empobrezca; sabe que tiene un margen de actuación mientras controle todos los canales de información y los ciudadanos sean alimentados por la propaganda gubernamental sobre “lo bien que va España”. Para cuando esto esté a punto de estallar ya habrá millones de españoles empobrecidos hasta el extremo y unos cuantos millones más subsidiados y cautivos del ‘papá Estado’. Él sabe- no en vano ha elegido como socios a expertos en la materia- que un país empobrecido  es el mejor caldo de cultivo para que triunfe el totalitarismo.

La tercera pata es la ruptura de la cohesión y la igualdad entre españoles. De eso va  el plan de Sánchez para que las CCAA compitan por los organismos que el Gobierno quiere sacar de Madrid, con sus derivadas provinciales de partidos locales que entrarán en juego para las próximas elecciones. No se trata solo de que odie a los madrileños porque se atreven a no votarle, que también; su objetivo va más allá: se trata de extender por toda España la lógica parasitaria y rupturista del nacionalismo para que la subasta sustituya a la política y triunfe el egoísmo sobre la defensa de lo común.

Una nación empobrecida, subsidiada y rota, con instituciones desprestigiadas por la acción concertada del propio Gobierno, es pasto seguro para que triunfe el totalitarismo. Y así, sin necesidad de referéndums de independencia en la que solo puedan votar una parte de los españoles  (que también vendrán), es como se irá rompiendo España. Porque si se quiebra la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, si prevalecen los “derechos” de la tribu en vez de la ciudadanía, se romperá  España. Y en eso está .

No queda mucho tiempo para reaccionar. Que nadie diga que no lo hemos advertido.