La Justicia no se vende, Pedro

Pedro Sánchez sigue pagando los apoyos radicales a su moción de censura contra Mariano Rajoy. El problema es que la factura pendiente parece infinita y dentro de esa disyuntiva plagada de concesiones, lo más grave es que los pagos más suculentos está siendo para los independentistas vascos y catalanes y en cuestiones tan claves como el acercamiento de los presos etarras para los primeros y la financiación autonómica y la justicia para los segundos. El presidente del Gobierno debe saber que la Justicia no se vende ni se utiliza para pagar favores políticos. Conceder prebendas en este ámbito a los que han tratado de subvertir el orden constitucional no sólo resulta kafkiano, sino que además es profundamente irresponsable.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ya mostró la semana pasada la disponibilidad gubernamental a recuperar ciertos artículos del Estatut. Una manera de echar gasolina sobre el fuego separatista que siguen atizando los sucesores del huido Carles Puigdemont: Quim Torra y sus acólitos. Dichos artículos fueron tumbados en su día por el Tribunal Constitucional. Sus magistrados fueron los mismos que prohibieron el referéndum ilegal del 1-O que supuso el cenit del intento de golpe de Estado que perpetraron desde el otro lado del Ebro. Desgraciadamente, con políticas como Batet no es de extrañar. Los antecedentes no engañan: en 2013 apoyó hasta en tres ocasiones en el Congreso un referéndum independentista pactado.

Cabe esperar que en todo lo referente a Cataluña, se imponga la parte congruente del Ejecutivo. Una corriente capitaneada por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cuando tomó posesión de su cargo dijo: «Vamos a trabajar por lo que la Constitución nos exige». Una Constitución que, a tenor de sus principios, no toleraría de ningún modo que el polémico Consejo de Justicia de Cataluña —órgano que en su día fue suprimido por los jueces— permitiera una actividad judicial independiente y blindada con respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si Pedro Sánchez sigue por esta senda de cesiones y favores a los que quieren romper España, su Gobierno durará tan poco como la viabilidad del país.