Olvidan demasiado rápido

Los gobiernos autonómicos y municipales han tardado muy poco tiempo en olvidar las consecuencias nefastas que tiene para la economía nacional engordar sus plantillas hasta niveles insostenibles. Antes de la crisis en España había 3,2 millones de empleados públicos, que presionaban las finanzas estatales y que, en muchos de los casos, no eran funcionarios con oposición, sino contratados a dedo en empresas públicas de toda índole e instituciones que servían de cementerio de elefantes para políticos sin oficio ni beneficio. Ahora, cuando la economía vuelve a despegar, comunidades autónomas y ayuntamientos han vuelto por sus fueros, elevando en 77.000 personas las contrataciones desde el último trimestre de 2013.

Este aumento no se ha visto acompañado por un repunte del empleo público estatal, ya que la Administración Central sigue ajustando sus plantillas gracias al compromiso del Gobierno de ir reduciendo poco a poco el volumen de trabajadores. Esto no quiere decir que haya que denostar al empleo público, ya que es necesario mantener la calidad de los servicios básicos, pero no se puede olvidar que quien financia al sector público es la actividad privada y, si el volumen de funcionarios y otro personal laboral crece de forma desmedida, entonces las empresas y los contribuyentes tienen menos capacidad para invertir y ahorrar, que son las verdaderas palancas del crecimiento económico.

En los países donde aumenta la competitividad y crece la productividad, como es el caso de España, el aumento del empleo público lastra la capacidad del sector privado para crear puestos de trabajo y, en algunos sectores, incluso los destruye. En este proceso se consume el capital que será necesario para reducir el desempleo en el futuro, un lujo que nuestro país no puede permitirse con una tasa de paro que, en el mejor de los escenarios, se situará ligeramente por debajo del 20% en 2016.

Además, el necesario ajuste del déficit público que deben realizar comunidades autónomas y ayuntamientos supone un factor adicional para cuestionar este aumento de sus plantillas. En términos globales, los salarios de los empleados públicos suponen un tercio de los gastos totales de todas las Administraciones y el objetivo debe ser, como ha señalado el Gobierno, reducir el personal y no aumentarlo. El coste de un empleo público, en términos presentes y futuros, hace que deba limitarse siempre en cualquier situación económica al mínimo imprescindible para ofrecer los servicios a los ciudadanos con garantías. Y eso excluye usar el dinero de los contribuyentes para hacer política.