El 155 cuando toque

El Gobierno de España no debe caer en la trampa de los golpistas catalanes. Tanto Mariano Rajoy como su equipo poseen argumentos de sobra para desmontar a los independentistas. Ahí está su impecable gestión, con la economía carburando como ninguna otra en Europa. También la predisposición política, asentada en el diálogo a pesar de las constantes amenazas provenientes del otro lado del Ebro. El artículo 155 de la Constitución —que contempla la suspensión de autonomía— sólo hay que aplicarlo si llega el momento oportuno. Hacer uso de él sin agotar todas las opciones sería darle pábulo al victimismo de Carles Puigdemont y sus adláteres. Al final, conseguirían su objetivo y, a pesar de la falta de proyecto y de la ruindad de su gestión autonómica, acabarían como mártires ante lo que definirían como «represión del centralismo». 

El Ejecutivo debe ignorar ese cebo y deslegitimar con razones a los que están faltos de argumentos. Bien es cierto que los golpistas lo están poniendo muy difícil. Puigdemont y el resto de la comparsa —incluido el líder de Podemos en Cataluña— amenazan cada día con un referéndum ilegal y «unilateral». Ataques que, como es lógico, hacen que los miembros del Gobierno se pongan en el peor de los escenarios y comiencen a considerar el artículo 155 como recurso insoslayable en el caso de que se agotaran todas las vías y los radicales pusieran la unidad de España pendiendo de un hilo. Sin embargo, y por ahora, hacen bien en sostener la situación a base de firmeza y diálogo. Como ha dicho el propio Mariano Rajoy: «No permitiré delitos jurídicos ni disparates». Sin embargo, tiene la mano tendida para que todos los españoles puedan comprobar qué está haciendo cada parte. 

A los independentistas se les vence recordando su rechazo a debatir en el centro de la soberanía nacional: el Parlamento. Se les gana recordando el desastre gestor que impera en Cataluña, donde el PDeCAT derrocha en promover la independencia al tiempo que acumula retrasos en las nóminas de los trabajadores. Donde, incluso, los Mossos D’Esquadra piden pasarse a la Policía Nacional para no incumplir la ley con la celebración del referéndum. Por no hablar, claro está, de los más de 77.000 millones de euros que deben a las arcas públicas y de los 9.500 que tendrán que devolver en menos de dos años debido a los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico. Este conflicto ha de ganarse desde la unidad de los partidos constitucionales. Podemos no cuenta pero resulta casi indispensable que el PSOE defina su postura.