Los agricultores no saben cómo se costeará y cuánto les costará la Ley de Restauración de la Naturaleza

• Antonio Quilis Sanz @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora responsable de OKGREEN en OKDIARIO. Antiguo director de El Mundo Ecológico y colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 20/06/2024 06:00
  • Actualizado: 20/06/2024 06:00

La aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza por parte de la Unión Europea sigue levantando opiniones contrarias entre los agricultores, serias dudas en lo que será su aplicación y de dónde provendrán los fondos para ponerla en marcha, ya que nace sin fondos propios.

La Comisión Europea presentó en junio de 2022 la Ley de Restauración de la Naturaleza para reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados en 2030, y la totalidad de ellos (incluidas tierras de cultivo o transformadas por la ganadería) en 2050.

La ley incluye medidas específicas para recuperar las poblaciones europeas de polinizadores, en declive, y proteger determinadas especies de mariposas y aves. Además de ayudar a plantar al menos 3.000 millones de árboles nuevos de aquí a 2030, los países de la UE deben asegurarse de que no se produzca una pérdida neta de espacios verdes urbanos ni de cubierta arbórea.

Preocupación en los agricultores

Las organizaciones agrarias muestran una gran preocupación por no saber cómo se activará la financiación para activar esta norma europea que fue aprobada el pasado lunes 17 de junio.

Desde ASAJA declaran que esta decisión «genera muchas incertidumbres sobre el mantenimiento del sector agroganadero en amplias zonas comunitarias y la soberanía alimentaria de su población».

Crisis austriaca

El Consejo de la Unión Europea consiguió el consenso necesario para aprobar la Ley de restauración de la Naturaleza, concretamente un total de votos de los ministros de cada estado, que equivalen a más de un 65% de la población europea, a pesar de la fuerte oposición de los agricultores.

La ministra austriaca, yendo en contra de su propio canciller, decidió apoyar finalmente la norma, por lo que en las próximas semanas saldrá publicada en el Diario Oficial de la UE, el último requisito para su entrada en vigor. Con esta votación particular, sin consensuar con sus compañeros de gobierno, se ha originado una crisis en el propio ejecutivo austriaco.

Milenios de transformación

Para ASAJA, el cambio de enfoque de la nueva LRN es la obligación que se impone a los estados miembros no sólo de proteger la naturaleza, «sino de restaurarla, aspiración cuyos límites son muy difusos y generan graves conflictos con el desarrollo».

Explican que «la relación del ser humano con el medioambiente, y su consiguiente transformación, se remonta a milenios y, de hecho, actividades como la agricultura y la ganadería, indispensables para la subsistencia de nuestra especie, no se conciben sin una transformación de la naturaleza en mayor o menor medida».

La organización agraria señala a «los jerarcas y los burócratas comunitarios, así como los políticos medioambientalistas, que parecen obviar que el cultivo de la tierra y la cría de ganado nacieron hace unos 2.000 años, en el Neolítico, y que supusieron un auténtico cambio revolucionario en nuestra especie, ya que le garantizó la producción de alimentos y generó cambios sociales como el sedentarismo y la formación de poblaciones estables».

¿Qué pasará a partir de ahora?

La gran pregunta para muchos agricultores y pescadores es qué va a pasar  partir de ahora cuando se publique la Ley de Restauración de la Naturaleza. El futuro es muy incierto, ya que tras la publicación, el desarrollo de la nueva ley dependerá de cada estado.

En este contexto se iniciarán las negociaciones entre organizaciones agrarias y el gobierno español para cerrar cómo se aplicará, una fase en la que el sector no confía mucho en el diálogo, ya que la experiencia con los fondos de la Política Agraria Común (PAC) ha sido muy negativa para los afectados.

Ayudas a repartir

Lo que sí temen es que puede acabar saliendo de los fondos europeos destinados a la Política Agraria Común (PAC), una decisión que aumenta su preocupación.

España recibirá 47.724 millones de euros entre 2023 y 2027 para la PAC en 2023, el importe total ascendió a 4.875 millones de euros a repartir entre 650.000 agricultores que pueden presentar su solicitud para recibir las ayudas, según las cifras del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Comisión Europea mantiene que «la restauración consiste en vivir y producir en armonía con la naturaleza, recuperando más biodiversidad en todas partes, incluso en las zonas en las que se desarrolla la actividad económica, como los bosques gestionados, las tierras agrícolas y las ciudades».

Dudas sobre la financiación

Desde COAG se han preguntado cómo se va a financiar la norma, ya que a su juicio «todo apunta a que van a tirar una vez más de fondo de la PAC». Además, la asociación ha pedido «interlocución» al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estas conversaciones serán claves para diseñar un plan estratégico para la aplicación de la nueva norma, así como «poder poner las cartas sobre la mesa sobre lo que va a pasar con esta actividad agrícola y ganadera» en las zonas a las que afecta esta norma, como Doñana o el Mar Menor.

En este sentido, han recordado que «España tiene un 39% de superficie en áreas sensibles a protegidas». «Hablamos de áreas rurales con un desarrollo, con agricultores que viven de su actividad y bueno, la aplicación de esta ley puede llevarse por delante toda su actividad», destacan.

Una utopía

La organización también ha mostrado sus reservas con respecto a cómo van a garantizarse las cláusulas espejo. «Es prácticamente una utopía pensar que la UE puede imponer en terceros países que se incluyan estas exigencias medioambientales en la legislación vigente de estos países», afirma.

Por su parte, el director de la oficina de ASAJA Bruselas, José María Castilla, ha indicado que esta ley «nace sin un presupuesto» y ha recordado que «aunque se rectificó en el Parlamento Europeo, hubo una enmienda que decía que este (dinero) debía salir de la propia PAC». A su juicio, sería «tremendamente injusto que fueran los ganaderos los que tuviesen que pagar esta transición».

Vigilantes en la aplicación

En líneas generales, ha opinado que la norma tiene «muchas incertidumbres que no han sido resueltas y que van a suponer un dolor de cabeza tanto los Estados miembros a la hora de aplicar como, por supuesto, el sector agropecuario».

Así, ha señalado que «ahora hay que estar muy vigilantes a la aplicación que harán los otros miembros» de la UE. «Si cada Estado miembro tiene un plan diferente, esto producirá una situación difícil porque habrá Estados más ganadistas y Estados más ambientalistas», ha apuntado en declaraciones a Europa Press.