Islandia abre el debate: quiere prohibir el uso de drones en 25 áreas naturales protegidas, y el caso ha llegado al ministro

La Agencia de Conservación de la Naturaleza de Islandia, Náttúruverndarstofnun, ha endurecido sus criterios administrativos y ahora niega de forma sistemática los permisos de uso recreativo y educativo de drones en más de 25 áreas naturales protegidas.

La medida no afecta a las producciones comerciales de cine, televisión y publicidad, que siguen operando con autorización, lo que ha desatado la protesta de fotógrafos y operadores turísticos afectados.

El conflicto ha escalado hasta el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Clima de Islandia, después de que los profesionales presentaran una apelación formal. El ministro evalúa ahora el caso bajo el artículo 26 de la Ley de Procedimientos Administrativos del país, para determinar si la agencia se excedió en sus facultades o si la restricción se mantendrá de forma permanente.

Por qué Islandia quiere esta prohibición de drones en sus áreas protegidas

La agencia justifica el endurecimiento de las reglas con tres argumentos principales. El primero es la protección de la fauna: acantilados como los de Látrabjarg o Dyrhólaey albergan colonias masivas de aves, entre ellas frailecillos, durante la época de reproducción, y los drones las estresan al confundirlos con depredadores, provocando que abandonen nidos, huevos y polluelos. En lagunas glaciares como Jökulsárlón, el ruido de los aparatos ahuyenta además a las focas de sus zonas habituales de descanso.

El segundo argumento es el deterioro de lo que la agencia llama «experiencia de tranquilidad». El zumbido constante de decenas de drones volando de forma simultánea en puntos icónicos como Gullfoss o Skógafoss altera la naturaleza silenciosa que buscan los visitantes, y se han reportado quejas de turistas que se sienten observados por cámaras aéreas o que temen por su seguridad si un piloto pierde el control del aparato sobre una multitud.

El tercer motivo es lo que los medios especializados han descrito como un colapso por saturación. La agencia argumenta que no puede evaluar de forma individual las miles de solicitudes de permiso que recibe cada temporada, por lo que ha optado por denegar en bloque las autorizaciones recreativas y educativas en los puntos más masificados.

Las producciones comerciales, en cambio, siguen permitidas porque operan con pilotos certificados, planes de vuelo estrictos y seguros de alta cobertura, además de pagar tasas administrativas de unos 570 euros por solicitud que financian el control de la actividad.

Qué lugares de Islandia entran en esta restricción de drones

La lista bajo disputa incluye 26 áreas protegidas, divididas entre prohibición total durante todo el año y cierres estacionales en época de cría. Entre los lugares con veto permanente figuran algunos de los atractivos más visitados del país: la cascada de Gullfoss, el área geotermal de Geysir, la cascada de Skógafoss, la Cascada de los Dioses o Goðafoss, el arco de roca de Dyrhólaey, los acantilados de Látrabjarg y toda la región del lago Mývatn y el río Laxá.

También entran en esta categoría las cascadas de Háifoss, Granni e Hjálparfoss, la Reserva Natural de Fjallabak, el valle de Gjáin, la zona de lagunas de Stórurð y la costa de Arnarstapi y Hellnar.

Entre las zonas con prohibición estacional, habitualmente entre el 1 de mayo y el 15 de septiembre, se encuentran la Reserva Natural de Hornstrandir, el Parque Nacional Snæfellsjökull, el humedal de Þjórsárver, la cascada de Dynjandi, el campo de lava de Dimmuborgir y varias islas de anidación masiva como Flatey, Lundey y Akurey, además de la playa de Grótta, en Reikiavik.

Los parques nacionales de Vatnajökull y Þingvellir quedan fuera de este paquete de restricciones porque cuentan con sus propios reglamentos, que permiten volar drones recreativos bajo horarios y zonas delimitadas.

Cuál es el peligro real de volar un dron en estas zonas de Islandia

Las autoridades no solo hablan de molestias, sino de riesgos concretos. Las baterías de litio de los drones pueden sufrir un fenómeno llamado embalamiento térmico si el aparato se estrella contra una roca o falla técnicamente: la batería alcanza temperaturas de hasta 1.000 grados, explota y libera gases tóxicos, un riesgo especialmente grave en zonas con musgo islandés, que tarda décadas en regenerarse tras un incendio.

Si un dron cae en un lugar de difícil acceso, como el cañón de Fjaðrárgljúfur o el interior de la cascada de Gullfoss, el aparato se convierte en basura tecnológica permanente que con el tiempo libera metales pesados en los acuíferos.

Existe además el riesgo de accidentes físicos: las hélices giran a miles de revoluciones por minuto, y un piloto inexperto que pierda el control con los fuertes vientos islandeses puede provocar cortes, traumatismos o incluso que un visitante pierda el equilibrio y caiga en zonas de acantilado como Látrabjarg o Dyrhólaey.

Las autoridades citan también las colisiones con fauna en pánico, ya que las aves rapaces o los frailecillos suelen atacar los drones al confundirlos con depredadores, lo que puede amputarles las patas o destrozarles las alas, además de provocar estampidas en colonias enteras.

Por último, señalan la interferencia con los rescates de emergencia: si un helicóptero de los cuerpos de rescate necesita entrar en una zona protegida y hay drones civiles en el aire, la operación debe suspenderse, con el riesgo añadido de una colisión entre ambos aparatos.

Qué alternativa proponen los fotógrafos afectados

Los profesionales que presentaron la apelación argumentan que la medida vulnera su derecho a trabajar, al afectar directamente a talleres de fotografía y creadores de contenido, y denuncian la falta de estudios científicos recientes que demuestren que un dron recreativo dañe más el entorno que una producción cinematográfica de gran presupuesto.

Como alternativa, solicitan al ministerio que sustituya el veto total por un sistema de regulación por horarios y zonas específicas, similar al modelo que ya funciona en el Parque Nacional Vatnajökull.

La agencia ambiental, por su parte, ha reconocido que la información publicada inicialmente en su web no era del todo clara y ha actualizado sus canales oficiales para especificar que los fotógrafos pueden seguir solicitando permisos en determinadas áreas protegidas si cumplen ciertos requisitos.