Madrid
GOBIERNO DE ESPAÑA

Sánchez recrimina a Ayuso unificar Presidencia y Justicia pero olvida que los jueces no dependen de ella

Pedro Sánchez ha unificado las carteras de Presidencia y Justicia en el ministro Félix Bolaños

Las comunidades autónomas sólo gestionan la administración de justicia, no su impartición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha unificado las carteras de Presidencia y Justicia bajo la batuta del ministro Félix Bolaños. Una maniobra por la que se le ha acusado de querer dilapidar la separación de poderes, mientras desde el Palacio de la Moncloa se han defendido recordando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también unificó en una misma consejería Presidencia y Justicia. Sin embargo, lo que no explican es que las comunidades autónomas sólo gestionan la administración de justicia, no su impartición. Es decir, ni los jueces ni los tribunales dependen de los gobiernos regionales, a diferencia del Gobierno de Sánchez.

La Moncloa se defendió de los ataques del Partido Popular por la unión de estos dos ministerios poniendo el foco en que es «la misma fórmula que emplea el PP en la Comunidad de Madrid, Galicia, Canarias y Cantabria, donde las competencias de Presidencia y Justicia se aúnan bajo una misma consejería».

No obstante, la realidad es que no se pueden equiparar las competencias que tiene una consejería autonómica con las que tienen los ministerios de Presidencia y de Justicia, tal y como se ha ocupado de recordarle la propia Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. «No hay día sin su mentira», lamentaba en un mensaje en sus redes sociales donde explicaba la diferencia entre su consejería y el nuevo ministerio encabezado por Bolaños, así como los avances que ha hecho ella en la Comunidad de Madrid en la despolitización de la Justicia.

Se trata de la iniciativa Legislativa propuesta ante el Congreso de los Diputados, mediante Proposición de Ley, para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Una ley planteada por el grupo parlamentario popular y que contó con el apoyo de Vox, después de que fueran incluidas sus enmiendas al texto.

De esta forma, la Asamblea de Madrid quiere dejar de designar una de cada tres plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Una vez aprobada esta iniciativa, la Cámara fue como proposición de Ley a la Mesa del Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo regional quiere que los magistrados sean designados exclusivamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), primando para acceder a dicho puesto tan solo los requisitos «de mérito y capacidad, reforzando la independencia de este órgano», afirmaron en el momento de la aprobación fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

Con esta medida, agregaron, la «Comunidad de Madrid se suma a los postulados de la Unión Europea sobre las garantías que el Estado de Derecho debe articular, en referencia a las normas dictadas por un legislador nacional para con los procedimientos en el nombramiento de jueces, de tal modo que estos sean acordes con los estándares de independencia exigidos en el ordenamiento jurídico de la Unión».

De esta forma, queda clara la diferencia entre un Sánchez unificando las competencias de Presidencia y Justicia, para tener un mayor control de los jueces, frente a una Ayuso que da pasos para que los jueces elijan a los jueces.