Un médico al que la sindicalista de UGT falsificó la firma: «Da pena, se han perdido los valores»

Un médico que ejerce en la sanidad madrileña ha descubierto esta semana que su nombre y su DNI fueron utilizados sin su conocimiento para falsificar el cobro de 7.946 euros en concepto de indemnización por despido a cargo del Fondo de Garantía Salarial. En conversación con OKDIARIO se muestra «sorprendido» y lamenta: «Da mucha pena. Es que tenemos una sociedad que yo creo que ha perdido desde hace mucho tiempo los valores».

La acusada principal del caso, hija de la ex diputada socialista Carmen López, se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión tras haber cobrado de forma fraudulenta 4,5 millones de euros suplantando la identidad de cerca de 700 personas. El médico, que prefiere no revelar su identidad, resume la situación con desolación contenida.

La noticia le llegó por una llamada inesperada del periodista. Hasta ese momento, el facultativo no había recibido ninguna comunicación oficial, ni de la Fiscalía, ni del juzgado instructor, ni del sindicato.

«No me han contactado. Esta señora ha debido localizar mi DNI del BOE», señala. Se refiere a las publicaciones del Boletín Oficial del Estado donde figuran los nombramientos de convocatorias de oposiciones y otros actos administrativos que incluyen datos personales de funcionarios y directivos.

Su reacción al conocer que alguien había cobrado casi 8.000 euros con su nombre fue de sorpresa, aunque no exenta de lucidez: «Esta situación es desconocida para mí. Han buscado nombres aleatorios y DNI que están publicados»,

Fraude en FOGASA y UGT

El mecanismo empleado por la acusada y sus tres cómplices —su marido y tres amigas— consistía en presentar ante FOGASA solicitudes de indemnización por despido a nombre de terceros, como si estos hubieran sido trabajadores de empresas quebradas.

El FOGASA, acrónimo del Fondo de Garantía de Salarios dependiente del Ministerio de Trabajo, existe precisamente para proteger a empleados cuyos empleadores no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas.

En el caso del médico contactado, que se suma a profesores o bomberos, el documento falsificado certifica el cobro de 7.946 euros mediante cheque bancario en septiembre de 2021. Su reacción al escuchar la cifra y su propio nombre en ese contexto fue rotunda: «Nunca he recibido nada de UGT. No, en absoluto».

El facultativo cree que su perfil como funcionario lo convirtió en un blanco fácil para los falsificadores. «A lo mejor pues cogieron mi nombre porque evidentemente era una persona pública, por decirlo así», apunta. Y añade, con cierta ironía: «Entre 700 personas pues tenían que coger cualquier DNI que veían ahí publicado».

Entiende, por otra parte, que al haberse usado el nombre de tantas personas, el juzgado no puede ofrecer acciones legales a todos.

La investigación, que ha sido instruida por el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, ha concluido su fase de diligencias y el caso pasará próximamente a juicio oral ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Perfil de la acusada

La procesada es hija de Carmen López, ex diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, donde se distinguió por sus intervenciones críticas contra el Gobierno autonómico del Partido Popular, en particular en relación con contratos vinculados al entorno familiar de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Los 4,5 millones de euros obtenidos de manera fraudulenta se destinaron, según las actuaciones judiciales, a costear viajes a destinos de lujo como las Seychelles, Maldivas y Dubái.

Cuando le han preguntado a Mayka Tomás López por qué lo había hecho, ella respondió que tenía un hermano ludópata y que su padre se había arruinado con su empresa constructora. Cuando el programa Vamos a ver de Telecinco la ha localizado recientemente, su respuesta ha sido de lo más escueta: «No tengo nada que deciros y os agradecería que os fuerais».

El detalle que más ha llamado la atención en los ambientes judiciales es que la acusada residía, mientras tanto, en una vivienda de protección oficial. Un contraste que el médico afectado califica sin ambages de esperpéntico.

El facultativo descarta ejercer ninguna acción legal de forma individual. «Supongo que ya tienen suficiente material como para poderles trincar», afirma, usando el coloquialismo con la naturalidad de quien da el asunto por resuelto. Considera que la investigación habrá bastado con cotejar un número reducido de casos para acreditar el fraude: «Con tener 20 o 30 les llega de sobra».

Pese a la gravedad de lo ocurrido, su reflexión final apunta más a la decepción que a la ira. «Es que parece que ya todo vale. Al final es la vía rápida y el intento de enriquecerse… En este caso parece que no han hecho un daño a un particular, sino al dinero público del Estado, que es de todos», dice. Y remata suscribiendo una paradoja que resume el caso mejor que cualquier sumario: quienes decían defender a los trabajadores han acabado robándoles el nombre.