La izquierda monta un «tribunal ciudadano» para culpar a Ayuso de las muertes en las residencias

La izquierda vuelve a la carga con su plan para retorcer el dolor de los familiares de los fallecidos en residencias de ancianos durante la pandemia. Las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid van a organizar un supuesto juicio «ciudadano» para de nuevo cargar la responsabilidad de esos fallecimientos en Isabel Díaz Ayuso.

Tras sufrir 19 derrotas en los verdaderos tribunales de Justicia, ahora los activistas optan por elegir a supuestos expertos para redactar una presunta  sentencia sobre lo sucedido en la pandemia del Covid-19. Será un comité formado por ciudadanos con el propósito de investigar las muertes de, dicen, 7.291 personas mayores en las residencias donde vivían durante la primera ola «sin atención hospitalaria».

Este tribunal ciudadano estará compuesto por personas de amplia trayectoria izquierdista como el magistrado jubilado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y la doctora en epidemiología por la Universidad de California María Victoria Zunzunegui Pastor.

Estos activistas defienden que fallecieron 9.468 residentes en Madrid, el 18% de las muertes totales. De estos, 7.291 perdieron la vida, según esgrimen, sin recibir atención hospitalaria.

A pesar de las circunstancias de crisis a todos los niveles que se vivieron la semana posterior al 8M de 2020, la izquierda mantiene que los médicos pudieron evitar fallecimientos con una «gestión política mejor». Sostienen que esas semanas de marzo las derivaciones de pacientes a hospitales se redujeron significativamente debido a protocolos emitidos por el Gobierno del PP y CS. Estos protocolos impedían el traslado de pacientes con cierto grado de dependencia o deterioro cognitivo, a menos que tuvieran un seguro privado. A pesar de los importantes esfuerzos de toda la sociedad, estas plataformas politizadas denuncian que las residencias «no fueron medicalizadas» y eso afectó a «la mayoría de los residentes».

Estas organizaciones de parte de los familiares y trabajadores implicados critican que las decisiones de las autoridades violaron el derecho de los residentes a una vida privada y una muerte digna. Exigen «verdad y reparación» por el «abandono que sufrieron los ancianos». Agitan un informe de Amnistía Internacional que sostiene sus tesis de «violaciones de derechos humanos» en Madrid.

Pese a que los jueces han tumbado en 19 ocasiones denuncias y querellas sobre casos concretos de residencias madrileñas donde se apuntaban supuestas irregularidades, estos activistas mantienen que tres años después no se ha realizado una investigación exhaustiva y no se ha proporcionado ninguna explicación más allá de las confesiones de un ex consejero de Ciudadanos. Las peticiones de PSOE, Más Madrid y Podemos de abrir una comisión política de investigación fueron rechazadas por PP y Vox.

El supuesto juicio se llevará a cabo los días 15 y 16 de septiembre. Serán entrevistadas personas que vivieron esta experiencia de cerca, profesionales con conocimientos sobre lo sucedido, como periodistas y médicos, y los políticos de aquel momento. Posteriormente, la comisión elaborará un informe que se presentará a diversas instituciones en la Comunidad de Madrid, a nivel nacional e internacional, con el objetivo de reabrir las investigaciones y establecer responsabilidades. Se ha invitado a  este tribunal ciudadano sobre las residencias a la propia Ayuso y al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero no acudirán.