El Gobierno desprecia la carta de Ayuso con su receta para ahorrar energía: suprimir 9 impuestos

Hace 21 días el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso propuso por carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez una serie de medidas para abaratar la energía, entre las que se encontraba suprimir nueve impuestos. Sin embargo, desde La Moncloa han obviado por completo estas recomendaciones en su plan para «el ahorro y la eficiencia energética» y ni siquiera han hecho acuse de recibo de la misiva.

En concreto, fue la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, la que el pasado 8 de julio envió una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de la que no ha recibido respuesta alguna, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del departamento liderado por Paloma Martín.

La primera medida que el Gobierno madrileño instó a Sánchez a tomar, sin éxito, fue suprimir ocho impuestos que gravan la producción y sustituirlos por un único gravamen que internalice daños ambientales.

Estos son: el impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas, la tasa del Consejo de Seguridad Nuclear, la tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radiactivos, la tasa estatal por la prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior de las Centrales nucleares u otras instalaciones nucleares y las tasas en materia de energía por los servicios administrativos impuestos por la normativa sectorial.

Además, el Gobierno de Ayuso planteó la supresión temporal del impuesto al dióxido de carbono e hidrocarburos, así como la eliminación de subvenciones externas a la generación de electricidad.

Pobreza energética

Martín recordaba a la ministra que «la situación de verdadera emergencia en la que nos encontramos amenaza con causar un enorme daño a nuestro tejido productivo y aboca a miles de ciudadanos a la pobreza energética».

Asimismo, apuntaba que «es evidente que estamos asistiendo a un proceso de reequilibrio geopolítico en el que la energía se está utilizando como ariete contra las sociedades abiertas de Occidente, por la vía de generar escasez y volatilidad».

En este escenario, esgrimía, «la situación de España resulta desalentadora, debido a la debilidad de nuestro mapa energético y a la insuficiencia de interconexiones eléctricas con el mercado europeo. La realidad en este momento es que somos uno de los países con mayor dependencia del exterior y el segundo con la electricidad más cara de toda la Unión Europea, con una fiscalidad que supera el 60% de la factura entre impuestos y costes regulados».

En este sentido, criticaba que «prescindir del carbón y programar el cierre de las centrales nucleares, sin tener alternativas, nos ha hecho dependientes casi en exclusiva de un gas que no tenemos para garantizar el suministro eléctrico. Como es bien sabido, las energías renovables, como la eólica o la solar fotovoltaica, no están en disposición de cubrir la demanda, al ser intermitentes, variables y no tener posibilidad de almacenamiento a gran escala».

Por ello, mandaba la carta «con la esperanza de que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta y llevadas a la práctica por el bien de los madrileños y del conjunto de los españoles, quedo a su entera disposición» algo que, finalmente, no ha ocurrido.

Además de la supresión de impuestos, el Ejecutivo de Ayuso también propuso reducir las subvenciones que no tienen nada que ver con la generación de electricidad, como las garantías de potencia o las primas a las renovables; traspasar el 100% de los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, Ceuta y Melilla, así como el déficit de tarifa, a los Presupuestos Generales del Estado; aprovechar los fondos europeos para reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo y abrir el debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, antes de que el avance de los planes de desmantelamiento sitúen a España en un punto de no retorno.

En su lugar, Sánchez ha optado por aprobar medidas como la de obligar a transportes públicos, supermercados, empresas, hoteles o comercios, entre otros, a poner el aire acondicionado por encima de 27 grados y la calefacción por debajo de 19. Tampoco se podrán tener abiertas las puertas todo el tiempo a fin de evitar el gasto energético.

Además, los establecimientos tendrán que instalar cartelería con consejos a los ciudadanos para reducir su consumo energético, como usar las escaleras en lugar del ascensor siempre que sea posible.