El Gobierno de Ayuso acusa al de Sánchez de separar a hermanos para trasladar menas a Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «separar a grupos de hermanos» en su empeño de trasladar menas a Madrid. La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha enviado una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que rechaza el traslado de menores no acompañados «que manifestaban tener familiares en otras comunidades» a la región madrileña.

Asimismo, se dan por inválidos desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid los traslados de menas que no cuenten con cobertura jurídica, al haber expirado los plazos previstos. También se advierte, desde el Gobierno de Ayuso, que emprenderán acciones legales si en La Moncloa intentan prolongar de facto el sistema extraordinario de reparto de menores inmigrantes entre comunidades.

En la carta, con fecha de este lunes 6 de abril, la consejera de la Comunidad de Madrid, se expresa que cualquier intento de promover «nuevos traslados o reubicaciones al margen de los procedimientos previstos en los protocolos vigentes supondrá una actuación contraria a derecho».

El Gobierno declaró en marzo que el Consejo de Ministros aprobará antes del 30 de agosto de 2026 una modificación legislativa del Real Decreto-Ley 2/2025, que fija un mecanismo obligatorio de reubicación de menores en casos de «contingencia migratoria extraordinaria», para hacer efectiva la prórroga de un año más, que llegará hasta agosto de 2027.

Ana Dávila responsabiliza al Gobierno de la situación de emergencia migratoria, destacando territorios como las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En esta línea, la consejera de Ayuso subraya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha pasado del silencio y la inacción a la imposición», sustituyendo la cooperación por «decisiones unilaterales que ponen en riesgo las capacidades de las comunidades e invaden sus competencias».

La aplicación del Real Decreto-ley 2/2025 y su desarrollo posterior ha ignorado «la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar».

Se ha llegado, tal y como denuncia el Gobierno de Ayuso, a «separar a grupos de hermanos y a trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades», incluso jóvenes que tenían «trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad», afirma Dávila.

Para la CAM resulta «llamativo» que, tras afirmar públicamente que la situación de contingencia «había finalizado y que el sistema había funcionado», el Ministerio pretenda ahora «prolongar de facto un mecanismo extraordinario que ya carece de cobertura jurídica tras la expiración de los plazos legalmente previstos».