La alcaldesa de Alcorcón es incapaz de encontrar constructora para 800 viviendas públicas y paraliza el proyecto

La alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa, presentó en enero de 2025 un ambicioso plan para construir más de 800 viviendas públicas para los residentes del municipio. Sin embargo, la licitación promovida por el Ayuntamiento ha quedado desierta al carecer de rentabilidad para las empresas constructoras. Ante esta situación el Gobierno municipal se ha visto forzado a paralizar el proyecto.

Testa había prometido en enero de 2025 que estos alojamientos, pensados para jóvenes, mayores de 65 años, mujeres víctimas de violencia machista, familias monoparentales y personas con discapacidad, estarían disponibles «en un año y medio aproximadamente».

El plan contemplaba la cesión de seis parcelas dotacionales del municipio para levantar viviendas de uno y dos dormitorios con servicios comunes como lavandería y comedor, con una tasa de esfuerzo inferior a la del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que la regidora criticó porque había llevado a la mitad de sus adjudicatarios a renunciar por considerar los precios demasiado elevados. Los alquileres prometidos en Retamas llegarían hasta los 450 euros mensuales.

El PP de Alcorcón ha acusado al Gobierno municipal de paralizar las 800 viviendas anunciadas. Fuentes municipales defienden, por su parte, que el proyecto no se abandona, sino que se va a reformular para encajarlo en el Plan Estatal de Vivienda, rebajar el precio del alquiler y acceder a financiación del Gobierno de España. De hecho, según estas fuentes, la nueva licitación podría incluso ampliar el número de viviendas previstas, subiendo de 803 apartamentos a casi 1.000.

El fiasco del proyecto se produce además en un contexto especialmente delicado para la historia de la vivienda pública en Alcorcón, marcada por la larga y polémica saga de EMGIASA, la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria dependiente del Ayuntamiento de Alcorcón.

Constituida en 1992, llegó a construir 7.727 viviendas públicas en Alcorcón, representando un 11% del parque residencial de la ciudad. Sin embargo, en 2012, tras el bloqueo de la edificación del CREAA, el macroproyecto cultural del barrio de Los Castillos, la empresa se declaró voluntariamente en concurso de acreedores por la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones de pago.

La quiebra de EMGIASA tuvo consecuencias judiciales de largo alcance. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid condenó a la entonces alcaldesa socialista Natalia de Andrés a cinco años de inhabilitación por su responsabilidad en la quiebra, al haber formado parte de su Consejo de Administración.

La Fiscalía entendía que el hundimiento de la empresa fue consecuencia de una gestión culposa, especialmente por las decisiones en torno a la construcción del CREAA y las relaciones comerciales con Gesmasur en el Plan Municipal de Vivienda. En la misma causa, el exalcalde socialista Enrique Cascallana fue condenado a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos.

Paradójicamente, fue la propia Testa quien promovió después la recuperación de EMGIASA para el patrimonio municipal, recuperando activos valorados en más de diez millones de euros con el compromiso de destinarlos a vivienda pública, y sin descartar acciones judiciales contra quienes causaron, según sus palabras, un «serio daño a los intereses de la ciudadanía».

Ahora, con el proyecto de Retamas paralizado, Testa deberá demostrar que la reformulación del pliego no es solo un parche para maquillar el fracaso de la licitación desierta. La crisis de la vivienda en Alcorcón sigue sin resolverse y los colectivos más vulnerables que esperaban una solución habitacional urgente tendrán que seguir esperando.