⁠El sindicato de Vox pide 8 años de cárcel para la ladrona de UGT Madrid acusada de falsificar cheques del FOGASA

El sindicato Solidaridad ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid un escrito de acusación provisional en el que solicita la apertura de juicio oral contra cinco personas, entre ellas Mayka Tomás López, ex empleada de UGT Madrid e hija de Carmen López, ex diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. La acusación popular reclama ocho años de cárcel y le atribuye haber manipulado cheques destinados a indemnizaciones laborales gestionadas a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) mediante una goma de borrar tinta.

La Fiscalía, por su parte, como ha adelantado OKDIARIO, también ha solicitado ocho años de prisión y reclama que indemnice a UGT con 2.979.709 euros, es decir, el dinero que desvió para viajes de máximo lujo a Maldivas, Dubái, Tanzania, Las Seychelles y, entre otros, Disneyland.

Así, el escrito del sindicato de Vox presentado en las últimas semanas y que trasciende ahora se basa en un atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El modus operandi era de una sencillez pasmosa. Mayka Tomás López buscaba aleatoriamente en internet el nombre de una maestra o una médico que hubiese aprobado unas oposiciones, lo escribía como beneficiaria en un cheque del sindicato y lo presentaba a la firma de sus superiores, quienes creían autorizar el pago de una indemnización laboral. Una vez firmado, regresaba a su mesa, sacaba la goma y borraba el nombre para sustituirlo por el de su marido o el de alguna de sus cómplices.

Según el relato de hechos, al menos desde mediados o finales de 2019 los responsables de UGT Madrid habrían tenido conocimiento de que trabajadores afiliados reclamaban indemnizaciones cuyos expedientes «habían desaparecido» y que «no habían cobrado».

El FOGASA ingresaba las cantidades aprobadas en una cuenta de UGT en Bankia y era Mayka Tomás López quien gestionaba la emisión de los cheques a favor de los trabajadores, en ocasiones encargándose también de los asientos contables, «al parecer por encargo expreso del secretario general y secretario de Administración de UGT Madrid».

Cheques de UGT falsificados

Entre 2019 y 2021, libró 71 cheques falsos por 372.660 euros, otros 67 por 407.936 euros y 40 más por 1.319.082 euros. En ocasiones, además de cambiar el nombre del beneficiario, también alteraba la cantidad. El verano de 2021 fue el de mayor actividad: los días 28 y 29 de julio se registraron diez cheques de entre 16.340 y 25.722 euros.

Una auditoría interna posterior detectó hasta 657 talones sospechosos, elevando el fraude total a más de cuatro millones. La UDEF llegó a cifrarlo en más de seis millones.

Los cheques fueron, según la acusación, «manipulados o duplicados» para ser cobrados por su esposo y tres amigas, quienes procedían al cobro «mediante ingreso en alguna de sus cuentas bancarias o en efectivo». Una de ellas reconoció públicamente haber cobrado 48 cheques falsificados por un valor total de 334.689 euros.

Al fraude de los cheques se sumó el uso de una tarjeta corporativa Solred perteneciente al entonces secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, con la que Tomás López sufragó viajes por valor de 162.000 euros entre 2017 y 2021: Miami, Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura y París.

En abril de 2020, durante Semana Santa, voló a Gran Canaria con su pareja y 21 amigos con los billetes pagados por el sindicato. La tarjeta también cubrió billetes a París a nombre de su padre, marido de la ex diputada socialista, quien no tenía relación alguna con UGT Madrid.

Testifical de Pepe Álvarez

El escrito de Solidaridad propone una extensa lista de testigos para el juicio oral que va mucho más allá del círculo inmediato de los acusados. Entre los citados figuran el secretario general de UGT Confederal, Pepe Álvarez, así como varios miembros de la ejecutiva confederal: el entonces secretario de Administración Confederal y definido en el escrito como «mano derecha de Pepe Álvarez»; el entonces secretario de la organización de la Comisión Ejecutiva Confederal y posteriormente presidente de la Comisión Gestora; y el secretario de la comisión ejecutiva confederal.

La amplitud de la lista sugiere que la acusación popular pretende acreditar hasta qué punto la cúpula sindical conocía o debería haber conocido la situación.

Solidaridad, el sindicato afín a Santiago Abascal, tratará de atajar así uno de los mayores escándalos de UGT de los últimos años. Aprecian un delito de estafa continuada en falsedad en documento mercantil. Para los cuatro cooperadores necesarios solicita siete años y seis meses de prisión. Les espera el banquillo de los acusados.