La trama de Plus Ultra tenía mansiones en La Romana de Dominicana y sedes de lujo en Los Jerónimos de Madrid
Los investigados por desviar 53 millones vivían entre mansiones caribeñas y pisos de lujo
Peruanos y chavistas investigados compartían urbanización de millonarios en República Dominicana
Los investigados en el caso Plus Ultra que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero llevaban un tren de vida ostentoso entre República Dominicana y Madrid, refugiándose en zonas exclusivas mientras presuntamente blanqueaban millones de euros del rescate aeronáutico pagados con dinero de los sufridos contribuyentes españoles.
Los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arburu, empresarios peruanos en el epicentro de la investigación, residen desde hace años en La Romana, una de las urbanizaciones más exclusivas y opulentas de República Dominicana. Este enclave caribeño se ha convertido en paraíso fiscal predilecto de multimillonarios hispanoamericanos que buscan ocultar sus fortunas lejos del alcance de las autoridades.
En la misma urbanización de lujo vive Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, empresario vinculado al régimen chavista conocido por mover millones de euros desde Venezuela hacia el extranjero. La elección de este exclusivo destino no es casual: República Dominicana ofrece opacidad fiscal y dificulta la cooperación judicial internacional.
Piso de lujo en Los Jerónimos
Mientras disfrutaban del Caribe, los hermanos Baca tejieron una red empresarial en España domiciliada estratégicamente en un lujoso piso del selecto barrio madrileño de Los Jerónimos, en pleno corazón de la capital. Este exclusivo enclave, a pocos metros del Museo del Prado y del Parque del Retiro, sirvió como sede de tres sociedades pantalla utilizadas presuntamente para el blanqueo de capitales.
La elección de esta dirección en una de las zonas más cotizadas de Madrid proporcionaba respetabilidad a sus operaciones empresariales, mientras los verdaderos dueños permanecían a miles de kilómetros, protegidos en su refugio dominicano.
Muchos de los investigados llevan años sin pisar territorio español, refugiados en estos paraísos fiscales del Caribe desde donde presuntamente operaban una organización criminal transnacional que desvió fondos públicos del rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.
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